En un hecho histórico dentro del proceso de justicia transicional, el antiguo secretariado de las Farc ha admitido formalmente su responsabilidad en el reclutamiento forzado de al menos 18.677 niños, niñas y adolescentes. Estas acciones delictivas se llevaron a cabo durante un extenso periodo que abarca desde 1971 hasta el año 2016.
Este reconocimiento fue presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a través de una misiva y una pieza audiovisual. Se trata de un hito relevante, ya que constituye la primera ocasión en la que los antiguos líderes de la guerrilla expresan una petición de perdón explícita por la comisión de estos crímenes de guerra contra la infancia.
Las secuelas imborrables del conflicto
La magistrada Lily Rueda, quien se desempeña como relatora del macrocaso 07 en la JEP, se pronunció sobre este avance judicial y la gravedad de los hechos confesados. Durante una intervención, la funcionaria subrayó la profundidad del daño causado a las víctimas señalando lo siguiente:
“Nada devolverá la infancia arrebatada, ni borrará las secuelas de violencias que marcaron una vida entera y que la vincularon de manera obligada a las cicatrices de la guerra que son imborrables”
Para la magistrada Rueda, el hecho de que los exjefes de las Farc admitan los sucesos representa un avance sin precedentes en el marco de la justicia restaurativa, permitiendo que el proceso judicial avance hacia la reparación de quienes sufrieron el conflicto en carne propia.
Una política sistemática de reclutamiento
Las investigaciones lideradas por el tribunal de paz han determinado que el reclutamiento y la utilización de infantes no fueron hechos aislados, sino que respondieron a una política sistemática implementada por el grupo armado. Además del reclutamiento forzoso, las pesquisas han revelado que miles de menores fueron víctimas de múltiples atrocidades adicionales, entre las que se incluyen:
- Violencia sexual y de género.
- Violencia reproductiva.
- Prácticas de abortos forzados.
- Maltratos físicos y tratos degradantes.
Finalmente, se reafirmó el compromiso de la institución con la verdad histórica. Según detalló la magistrada, se han logrado documentar de forma rigurosa 18.677 casos específicos de menores afectados exclusivamente por el accionar de las antiguas Farc entre los años 1971 y 2016.
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