Los enclaves militares de Rota y Morón, situados estratégicamente en Cádiz y Sevilla, han acaparado la atención internacional tras décadas de cooperación entre España y EEUU. La reciente escalada de ataques a Irán, impulsados por las administraciones de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Israel, ha generado serias dudas sobre el rol de estas instalaciones en territorio ibérico. Ante esta situación, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha fijado una postura firme, oponiéndose a que estas bases sean utilizadas para la continuidad de las hostilidades en Oriente Medio. Como respuesta, la potencia norteamericana ha procedido a retirar parte de su flota aérea de la zona.
El porvenir de Rota y Morón es ahora objeto de un intenso debate. Aunque durante meses circularon rumores sobre una posible salida definitiva de EEUU debido a discrepancias presupuestarias en materia de defensa, estas especulaciones contrastaban con las inversiones y ejercicios conjuntos realizados. No obstante, el escenario ha cambiado ahora que el mando militar estadounidense se enfrenta a un límite claro en su actuación impuesto por las autoridades españolas en el sur de la Península.
Desde el punto de vista laboral, la estabilidad de la región está en juego. Según datos proporcionados por CSIF Cádiz, entre ambas instalaciones existe una plantilla que supera el millar de trabajadores civiles, concentrados mayoritariamente en Rota. Representantes de este colectivo han manifestado que, por el momento, se encuentran “trabajando con normalidad”. Cabe destacar que en Morón la cifra de empleados apenas alcanza los 50. Este grupo ya enfrentó tensiones el pasado mes de octubre, cuando se denunciaron impagos derivados de retrasos en el envío de fondos por parte de EEUU al Ministerio encargado de su distribución.
A pesar de que el conflicto salarial se resolvió, la incertidumbre geopolítica vuelve a inquietar a los trabajadores. A la importancia laboral de la zona se añade la relevancia estratégica de estos puntos, ya que facilitan a EEUU el soporte logístico para sus embarcaciones en el paso por el Estrecho y permiten la integración en misiones de seguridad conjunta en el Mediterráneo.
Postura oficial del Ministerio de Defensa
La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue tajante durante su visita a Armilla (Granada) al declarar que en las instalaciones militares “no se ha dado ningún tipo de asistencia a estos ataques”. La funcionaria subrayó que, si bien existe un convenio vigente con Estados Unidos, el Gobierno de España sostiene que el mismo debe operar estrictamente “dentro del marco de una legalidad internacional”. Por esta razón, se ha rechazado cualquier posibilidad de que actúen de manera unilateral utilizando servicios españoles.
“Las bases no van a prestar apoyo más que si fuera necesario desde un punto de vista humanitario”
La reacción de Washington no se hizo esperar. Ante la imposibilidad de utilizar las bases para sus fines militares en el conflicto de Oriente Medio, EEUU inició el repliegue de sus aeronaves. Respecto a este movimiento, Margarita Robles puntualizó: “Son aviones americanos y su ejército decide lo que realiza con ellos”.
En relación a informaciones que sugerían que las bases pudieron dar soporte logístico previo a ataques que resultaron en la muerte de figuras como el ayatolá Jamenei, la ministra Robles ha desmentido categóricamente tales versiones. Esta postura fue respaldada previamente por el ministro de Exteriores, Albares. La titular de Defensa reiteró que desde dichas instalaciones “ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo” a las operaciones ofensivas en la región.
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