El pasado 27 de febrero, el Banco Central de Rusia interpuso una demanda formal ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en Luxemburgo. Esta acción judicial forma parte de una ofensiva para revertir lo que la institución califica como medidas fuera del marco legal aplicadas por la Unión Europea contra su patrimonio. El conflicto surge tras la aprobación de una normativa por parte del Consejo de la UE el pasado 12 de diciembre, la cual establece la inmovilización sin fecha de término de los fondos rusos, valorados en aproximadamente 210.000 millones de euros, situados en países miembros del bloque.
La demanda, impulsada por la gestión de Elvira Nabiúllina, busca la invalidación del Reglamento de la UE que impide cualquier tipo de transferencia, directa o indirecta, de los capitales del Banco de Rusia por un periodo indeterminado. La entidad sostiene que esta regulación anula la posibilidad de acudir a mecanismos de protección jurídica, bloqueando la ejecución de sentencias o fallos arbitrales vinculados a las disposiciones europeas.
Vulneraciones al Derecho Internacional
Desde la perspectiva de la autoridad monetaria rusa, la decisión de la Unión Europea transgrede garantías fundamentales. En el recurso presentado, se argumenta que se han violado principios esenciales como:
- El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
- La inviolabilidad de la propiedad.
- La inmunidad soberana de los Estados y sus bancos centrales.
Estos derechos están protegidos tanto por acuerdos internacionales como por el propio ordenamiento jurídico de la Unión Europea. El Banco de Rusia sostiene que el reglamento contradice las bases del Estado de Derecho y no respeta el principio de primacía de la ley.
Asimismo, la institución denunció que el Reglamento fue adoptado de forma irregular. Según los argumentos presentados, la norma no se decidió por consenso unánime de los Estados miembros, sino a través de una votación por mayoría, lo cual constituiría
“graves infracciones procesales”
. La demanda especifica que se eludieron las condiciones obligatorias señaladas en el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la UE para la imposición de sanciones restrictivas.
El Banco Central de Rusia ha reafirmado una postura de máxima firmeza, advirtiendo que se reserva el derecho de emprender todas las acciones legales pertinentes contra esta normativa y cualquier otra medida que afecte sus activos. La entidad ha insistido en que utilizará todas las vías jurídicas disponibles para salvaguardar sus intereses financieros y la integridad de la institución.
Litigio contra Euroclear y reclamos de indemnización
En una acción paralela, el 12 de diciembre de 2025, el banco central ruso elevó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra la compañía belga Euroclear, uno de los mayores depositarios de valores del mundo. En este proceso se exige el pago de 18,2 billones de rublos (una cifra cercana a los 199.520 millones de euros) como compensación por el uso no autorizado de sus recursos. Esta demanda representa un intento por obtener un resarcimiento económico ante las limitaciones impuestas.
La institución monetaria también ha lanzado advertencias sobre las intenciones de la Comisión Europea de utilizar estos fondos. Ha señalado que cualquier aprovechamiento de los mismos es ilegal y vulnera la inmunidad soberana. Según la entidad, la ejecución de tales planes derivará en nuevas querellas legales contra quienes resulten responsables de la gestión no autorizada de los recursos retenidos.
Este choque jurídico se enmarca en las sanciones internacionales impuestas tras el inicio de la invasión a Ucrania, que resultaron en el bloqueo de capitales soberanos en diversas entidades financieras de Europa. La disputa entre el Banco de Rusia y la Unión Europea pone de relieve tensiones profundas sobre jurisdicción, soberanía estatal y los métodos de resolución de controversias en el continente.
Las consecuencias de estos juicios tienen un alto impacto económico y diplomático. Mientras ambas partes mantienen posturas irreconciliables sobre la legalidad de las sanciones y la protección de activos, el Banco de Rusia ha reiterado que cualquier paso adicional hacia el uso de sus bienes será combatido con nuevas demandas por daños ante tribunales nacionales e internacionales competentes.
La legitimidad de las acciones del Consejo de la UE y la respuesta judicial rusa en Luxemburgo y Moscú seguirán siendo seguidas de cerca conforme avancen los recursos y se emitan las resoluciones de los órganos colegiados en ambas jurisdicciones.
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