El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, ha aceptado oficialmente la competencia para dirigir las investigaciones sobre el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra. Esta decisión marca un giro significativo en el proceso que busca esclarecer el destino y uso de 53 millones de euros en fondos públicos, los cuales fueron otorgados por el Ejecutivo español en marzo de 2021 bajo el contexto de la pandemia.
La causa involucra directamente a la cúpula de la compañía aérea, incluyendo a su presidente, Julio Martínez; al director ejecutivo, Roberto Roselli; y al empresario Julio Martínez Martínez. Las pesquisas judiciales se centran actualmente en el posible cometimiento de delitos de blanqueo de capitales, infracciones relacionadas con fondos públicos y transacciones internacionales de oro vinculadas a Venezuela.
Traspaso de competencias y reserva judicial
El juez Calama asumió la dirección del caso tras la inhibición del magistrado Ismael Moreno durante el presente año 2024. Al declararse competente a través de un auto judicial, Calama ha ordenado mantener el secreto de las actuaciones para proteger el avance de la investigación. Asimismo, ha requerido al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid la remisión inmediata de todas las diligencias practicadas anteriormente, dado que dicha instancia había instruido la causa antes de su archivo y posterior reactivación en la Audiencia Nacional.
La investigación tiene su origen en una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, la cual pone bajo la lupa tanto a los directivos de Plus Ultra como a diversas personas físicas y jurídicas. La tesis de la fiscalía sostiene que los 53 millones de euros concedidos por el Consejo de Ministros habrían sido desviados para la cancelación de préstamos previos con sociedades que forman parte de una presunta trama delictiva de carácter internacional.
La conexión venezolana y el esquema de blanqueo
De acuerdo con los documentos judiciales, se investiga la existencia de una organización criminal estructurada en Francia, Suiza y España. Este grupo estaría compuesto por ciudadanos extranjeros, algunos con nacionalidad española, y un profesional del derecho residente en España. La denuncia fiscal enfatiza que los movimientos financieros estarían estrechamente relacionados con la comercialización de oro proveniente de programas sociales de Venezuela y la presunta participación de funcionarios públicos de ese país en actos de malversación.
- Se sospecha que parte del capital bajo investigación proviene de los programas CLAP, utilizados por el Gobierno venezolano para la distribución de alimentos.
- Se analizan ventas de oro efectuadas por el Banco de Venezuela.
- Plus Ultra aparece como firmante de contratos de préstamo con tres entidades ligadas a la estructura criminal.
- Los pagos realizados por la aerolínea habrían terminado en cuentas extranjeras controladas por empresas de la red delictiva.
El esquema de blanqueo también contemplaría el ingreso de divisas desde el exterior para la adquisición de propiedades inmobiliarias en España y operaciones de compraventa de relojes de alta gama. Los informes judiciales mencionan además una transacción de oro valorada en 30 millones de euros destinada a una compañía en los Emiratos Árabes Unidos, así como el envío de capitales a cuentas en Panamá.
«La investigación busca determinar si los fondos públicos terminaron alimentando una red internacional que involucra bienes inmuebles, lujo y transferencias a paraísos fiscales.»
Finalmente, la Audiencia Nacional continuará con la instrucción bajo estricto hermetismo mientras se analizan los flujos financieros y las conexiones transfronterizas. Los investigadores consideran que el caso posee ramificaciones complejas que alcanzan la gestión de ayudas estatales y operaciones de capital originadas en programas sociales del gobierno venezolano.
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