El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha asumido formalmente la responsabilidad de dirigir las investigaciones sobre el presunto manejo irregular de 53 millones de euros. Estos fondos fueron entregados por el Gobierno como parte de un rescate financiero durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra. El proceso judicial también busca esclarecer supuestas operaciones de blanqueo de capitales que involucrarían fondos públicos y cargamentos de oro provenientes de Venezuela en diversas jurisdicciones internacionales.
De acuerdo con la información oficial del tribunal, el juez ha aceptado la competencia para instruir este caso mediante un auto, estableciendo que las actuaciones permanezcan bajo secreto de sumario. Como titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Calama ha solicitado formalmente al juzgado de Madrid que gestionaba el expediente hasta la fecha el traslado inmediato de todo el material y las diligencias practicadas.
Complejidad en la competencia judicial
Es importante señalar que el juez Calama liderará esta instrucción actuando como titular de la Plaza 2, instancia donde se desarrolla la causa, tras la abstención presentada por su colega, el magistrado Ismael Moreno, en el año 2024. Previamente, Calama había declinado admitir una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción sobre estos hechos, al considerar en aquel momento que no era competencia de la Audiencia Nacional, derivándola al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, el cual llegó a archivar temporalmente la investigación sobre el rescate.
Por su parte, la magistrada de Plaza de Castilla que optó por inhibirse en favor de la Audiencia Nacional fue quien dictó, en diciembre pasado, las órdenes de detención contra figuras clave de la compañía. Entre los señalados figuran el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez.
Indicios de malversación y tramas internacionales
Fuentes del ámbito jurídico señalan que el juzgado anterior profundizó en las sospechas presentadas por Anticorrupción. La Fiscalía sostiene que existió un «uso indebido» de los 53 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. La tesis de la acusación es que dicho monto
«se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva»
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La denuncia se dirige contra siete personas físicas por un presunto delito de blanqueo de capitales. Las investigaciones apuntan a la existencia de una presunta red criminal con ramificaciones en España, Francia y Suiza. Según la Audiencia Nacional, esta organización estaría integrada por sujetos de nacionalidad extranjera, ciudadanos españoles nacionalizados y, al menos, un profesional del derecho español, dedicándose presuntamente a lavar activos en los tres países mencionados.
Vínculos con fondos venezolanos y oro
La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en el origen de estos capitales ilícitos, sugiriendo que provienen de actos de malversación de gran escala perpetrados por funcionarios públicos en Venezuela. Específicamente, se menciona el desvío de recursos de los programas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), destinados al suministro de alimentos básicos subsidiados, además de irregularidades en las ventas de oro del Banco de Venezuela.
- Plus Ultra aparece en la investigación como beneficiaria de contratos de préstamo con tres empresas vinculadas a la red criminal.
- Dichas sociedades estarían directamente implicadas en la comercialización de oro.
- Los pagos de retorno desde la aerolínea hacia estas empresas se habrían realizado en fechas sospechosamente cercanas a la recepción del rescate público estatal.
El organismo fiscal destaca las conexiones de este grupo delictivo con diversos clientes que ya se encuentran bajo la lupa de investigaciones policiales en curso. La denuncia detalla cómo varios individuos, utilizando estructuras societarias, habrían recibido transferencias internacionales para la compra de bienes raíces en España, además de liquidar íntegramente los préstamos con Plus Ultra.
Finalmente, el expediente incluye transacciones de oro valoradas en aproximadamente 30 millones de euros con una entidad con sede en Emiratos Árabes. También se detectaron movimientos de capital hacia cuentas en Panamá y se sospecha que la red pudo haber empleado la comercialización de relojes de alta gama como mecanismo para el blanqueo de los beneficios ilícitos.
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