La reciente ratificación del acuerdo comercial suscrito entre Estados Unidos y El Salvador el pasado 29 de enero marca un hito en la diplomacia económica de la región. Según análisis técnicos realizados en la capital estadounidense, este convenio representa un cambio de paradigma en la relación bilateral, enfocado en derribar las barreras que enfrentaban los exportadores de la nación centroamericana. Con esta medida, el país busca posicionarse como un receptor de primer orden para capitales extranjeros, especialmente en áreas de alta demanda como la manufactura y los minerales críticos.
Este acercamiento comercial ocurre en un contexto trascendental para la economía salvadoreña. Tras la decisión adoptada en el año 2024 de revocar la prohibición histórica sobre la minería metálica, el gobierno actual pretende reactivar este motor industrial. Asimismo, el hecho de que el país mantenga una plena dolarización de su economía se presenta como un factor de estabilidad y seguridad jurídica para los socios internacionales que buscan mitigar riesgos cambiarios.
De acuerdo con las proyecciones de centros de pensamiento especializados, se estima que la expectativa de crecimiento económico de El Salvador ronde el 3 % anual durante el próximo bienio. Este dinamismo estaría sustentado en la aplicación de nuevas políticas de orden fiscal y en el acompañamiento técnico y financiero de diversos organismos multilaterales.
Impacto de la desgravación arancelaria en la competitividad
El denominado Acuerdo de Comercio Recíproco tiene como eje central la supresión de los impuestos que afectaban a productos estratégicos de exportación, destacando los sectores de confección y textiles. Esta medida restituye los beneficios de trato libre de aranceles bajo el paraguas del CAFTA-DR. Sarah Phillips, alta ejecutiva para América Latina norte en la firma McLarty Associates, detalló que esta eliminación de gravámenes colocará a la producción salvadoreña en una situación de ventaja competitiva frente a otros actores regionales, como Nicaragua.
El tratado no solo se limita a lo arancelario, sino que se integra en la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos, fomentando una cooperación más estrecha. Entre las modernizaciones incluidas destacan la agilización de licencias para la importación, la actualización de protocolos sanitarios y una transformación digital profunda de los procesos aduaneros para facilitar el tránsito de mercancías.
Los beneficios se extienden también a las corporaciones estadounidenses. Al reducir los costos operativos de importación desde territorio salvadoreño, se potencia la industria de la maquila. Según las investigaciones de Victoria Chonn Ching, experta del Atlantic Council, la dependencia comercial es significativa, dado que más del 30 % de las exportaciones de El Salvador tienen como destino Estados Unidos. El nuevo marco legal permite que mercancías que antes tributaban hasta un 10 % de arancel ahora entren al mercado con condiciones preferenciales.
Potencial y riesgos del retorno a la minería metálica
La rehabilitación de la industria minera en 2024, tras siete años de inactividad legal, abre una ventana de financiamiento pero también de vigilancia. Gustavo Flores-Macias, autoridad académica en la University of Maryland School of Public Policy, ha destacado que el país posee reservas de oro inactivas de gran valor. No obstante, advirtió que la gestión estatal de estos recursos y la obligatoriedad de establecer alianzas con el sector público añaden capas de complejidad a la ejecución de nuevos proyectos.
Adicionalmente, el sector enfrenta obstáculos logísticos y humanos. Existe una marcada escasez de mano de obra cualificada en minería y debilidades estructurales en la infraestructura nacional que podrían elevar el riesgo operativo. Flores-Macias subrayó que, aunque el FMI proyecta un crecimiento del PIB del 2.5 % para 2026 y del 3 % para 2027, la solidez de estas cifras dependerá de la creación de un marco institucional que asegure el cumplimiento de las normativas sociales y ambientales.
“La sostenibilidad de este avance depende de la capacidad institucional para garantizar reglas claras y un manejo responsable de los impactos sociales y ambientales”.
En el plano social, la reactivación minera no goza de consenso total. Diversos sectores de la sociedad civil y la Iglesia Católica han manifestado su preocupación por el impacto en las fuentes hídricas. Un estudio realizado por el IUDOP en diciembre de 2024, citado por la académica Rose J. Spalding de DePaul University, indica que un 59 % de la ciudadanía se opone al desarrollo minero, frente a un escaso 23 % que lo apoya. Además, el compromiso adquirido en 2024 tras un canje de deuda de USD 1,000 millones obliga al Estado a priorizar la conservación del río Lempa por dos décadas, lo que condiciona la expansión industrial en zonas de alta sensibilidad ecológica.
Desafíos estructurales para el entorno de negocios
Pese al optimismo que rodea las estrategias del presidente Nayib Bukele para captar inversión privada, el ecosistema empresarial salvadoreño aún presenta deudas pendientes. Expertos de McLarty Associates han señalado que el tamaño limitado del mercado interno, la persistente informalidad en el empleo y las dudas sobre la estabilidad de las regulaciones son factores que lastran la seguridad jurídica y la competitividad frente a otros competidores del área.
El éxito a largo plazo de esta apertura comercial y minera estará ligado a la gestión de los pasivos ambientales y la resolución de posibles conflictos con las comunidades locales. El horizonte económico de El Salvador dependerá, en última instancia, de su capacidad para articular políticas que fomenten un desarrollo equitativo y respetuoso con los recursos naturales básicos de su población.
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