El actual presidente interino, José María Balcázar, se encuentra en el centro de una controversia política tras haber impulsado una normativa que, de acuerdo con expertos en el sector, debilita los principios de meritocracia en la docencia universitaria. Esta acción legislativa resultó en un beneficio directo para su hijo, el profesional del derecho José Balcázar Quiroz.
Diversos informes señalan que el alto funcionario promovió activamente esta iniciativa desde el periodo en que lideró la Comisión de Educación del Parlamento. La mencionada Ley 3217-1 estableció un marco para la designación excepcional de catedráticos en instituciones de educación superior estatales. Este mecanismo favoreció específicamente al hijo del legislador, quien cumplía funciones en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, centro de estudios donde el propio mandatario ejerció la docencia anteriormente.
Se conoce que Balcázar rescató y dio celeridad a este proyecto de ley, el cual había permanecido sin avances significativos y archivado durante un periodo de dos años. Bajo su gestión, se le otorgó prioridad absoluta hasta lograr su aprobación definitiva, contando con su propio voto a favor en el proceso legislativo.
El marco legal aprobado autorizó, de forma extraordinaria, el nombramiento de docentes que estaban bajo la modalidad de contratados para ocupar plazas de profesor auxiliar y profesor asociado sin la necesidad de someterse a un concurso público de méritos. Según las investigaciones, el gobernante omitió informar sobre el beneficio directo que esta ley otorgaba a un familiar cercano, incumpliendo lo estipulado en el Código de Ética Parlamentaria.
La propuesta original fue presentada en el año 2022 por integrantes de Perú Libre, la organización política del jefe de Estado. No obstante, la iniciativa no logró prosperar inicialmente durante la gestión de la legisladora Gladys Echaíz al frente de la comisión. Al respecto, la parlamentaria manifestó su postura técnica y ética:
“No coincidía con mi criterio sobre la problemática universitaria, donde debe primar la competencia y el conocimiento, y eso solo se mide a través de concursos rigurosos”.
A pesar de esta resistencia inicial, una vez que Balcázar asumió la presidencia de la Comisión de Educación en 2023, el proyecto fue reactivado con éxito. Esto permitió que los docentes contratados accedieran a plazas permanentes cumpliendo apenas tres requisitos mínimos. En mayo de 2024, tras la aprobación del dictamen, el caso pasó al pleno del Congreso, donde el respaldo de Balcázar fue fundamental. En las tres instancias de votación, el mandatario ratificó su apoyo, sin que el resto de legisladores advirtiera que su hijo se convertiría en uno de los beneficiarios principales al obtener una plaza a tiempo completo en la facultad de Derecho Público.
Antes de la promulgación de esta ley, José Balcázar Quiroz mantenía un vínculo laboral temporal que requería renovaciones constantes. Registros administrativos de 2020 revelan que una postulación previa del abogado fue observada debido a que no cumplía con los años de experiencia exigidos. Sin embargo, la normativa impulsada por su padre eliminó estas barreras, facilitando su nombramiento definitivo.
Posterior a la validación de la ley, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuó una transferencia de aproximadamente cuatro millones de soles destinada a financiar estos nombramientos en doce universidades del sector público. Destaca que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo recibió la mayor partida presupuestaria, con un total de 1.332.982 soles.
Inclusión en el entorno parlamentario
La influencia del legislador también se habría extendido a la estructura administrativa del Parlamento. En septiembre de 2024, Balcázar propuso formalmente a su hijo para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, omitiendo nuevamente el vínculo de consanguinidad entre ambos.
Dicho nombramiento fue ratificado, y actualmente Balcázar Quiroz aparece en los registros oficiales como miembro de este consejo para el periodo 2025-2026. Este organismo posee una relevancia estratégica, pues tiene la facultad de emitir opiniones técnicas sobre reformas a la Constitución y modificaciones al reglamento interno del Congreso. Hasta el momento, tanto el presidente interino como su hijo han optado por no emitir declaraciones ni responder a las interrogantes planteadas sobre estos hechos.
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