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Fiscalía de Barcelona pide anular imputación de Félix Azón por Pegasus

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado una solicitud ante la jueza encargada de la investigación sobre el presunto espionaje mediante el software Pegasus. El objetivo es que se anule la imputación de Félix Vicente Azón, quien fuera director general de la Guardia Civil, basándose en que posee la condición de aforado debido a su estatus como magistrado en el Tribunal Supremo.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron este lunes que la Fiscalía ha planteado la nulidad parcial del auto de imputación, alegando una «incompetencia objetiva» por parte del juzgado de instrucción ordinario. Esta petición surge a raíz de la protección jurídica especial que asiste a Azón por su cargo judicial de alto rango.

La magistrada que lidera el Juzgado de Instrucción número 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona procedió, a comienzos de febrero de este año, a imputar a los exdirectores generales de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez. Junto a ellos, también resultó imputada Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), bajo la sospecha de estar involucrados en el espionaje ilegal a empresarios y figuras vinculadas al movimiento independentista.

Empresas y directivos bajo investigación

El proceso judicial no se limita a funcionarios públicos, sino que también incluye a los fundadores y altos mandos de NSO Group Technologies Ltd, la compañía responsable de comercializar el programa espía Pegasus. La medida se extiende a sus dos subsidiarias europeas con domicilio en Luxemburgo, Q Cyber Technologies y OSY Technologies. De igual manera, están bajo el foco judicial los directivos de Saito Tech Ltd, empresa que desarrolla el software Candiru.

Esta causa penal, que indaga la posible comisión de delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, además del acceso ilegal a sistemas informáticos, se encuentra activa desde el pasado septiembre. La investigación se inició tras la admisión a trámite de una querella interpuesta por la organización internacional Sentinel Alliance, que agrupa a víctimas de espionaje, tras detectarse presuntas intervenciones ilícitas en los dispositivos de cinco empresarios catalanes.

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