La Comisión Especializada de Justicia, por unanimidad (diez votos a favor), aprobó el informe no vinculante, en el que recomienda al Pleno de la Asamblea no aprobar el Informe Anual de Labores 2025, presentado por el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, al evidenciarse omisiones sustanciales, debilidades estructurales y falta de transparencia.
Del análisis efectuado se concluye que el informe y las respuestas remitidas no demuestran una gestión estratégica alineada con las necesidades del sistema judicial, ni con las demandas de la sociedad ecuatoriana. Se evidencian incumplimientos de las funciones constitucionales previstas en el artículo 181 de la Constitución, así como de las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de la Función Judicial.
En materia de gestión procesal, el desempeño es limitado. En el ámbito penal, apenas el 1,4 % de las denuncias llega a juicio, sin que se detallen correctivos adoptados. En las materias contencioso administrativa y tributaria, un proceso completo -con todas sus instancias- tarda en promedio siete años y cinco meses, plazo incompatible con un servicio de justicia eficiente y oportuno.
El documento también refleja resultados críticos en delitos de alta sensibilidad social. En casos de femicidio, la tasa de sentencia alcanza apenas el 0,61 %, cifra significativamente inferior a estándares internacionales en la resolución de homicidios. No se identifican estrategias claras para revertir esta situación.
En el ámbito institucional, se constató que durante 2025 no se ejecutó ningún concurso para el ingreso o promoción de servidores judiciales, pese a la crisis de talento humano que afecta a la función jurisdiccional, la Fiscalía, la Defensoría Pública y el sistema notarial. Tampoco se realizaron evaluaciones de desempeño. Estas omisiones comprometen la calidad del servicio y el cumplimiento de los principios de eficiencia y responsabilidad pública.
La Comisión observó, además, deficiencias en transparencia y rendición de cuentas. Ante interrogantes específicas, las respuestas fueron, en general, evasivas o incompletas, en contravención de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la normativa constitucional aplicable.
En cuanto a formación y capacitación, no se evidencia planificación estratégica ni medición de impacto. En el ámbito tecnológico, el sistema SATJE fue descrito como una herramienta incompleta y poco confiable, sin propuestas concretas de mejora o modernización. Asimismo, se constató una débil ejecución presupuestaria en inversión, lo que agrava las falencias estructurales del sistema judicial.
La Comisión advierte que estas deficiencias podrían afectar el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 75 de la Constitución, así como los principios de acceso a la justicia, eficiencia y responsabilidad institucional.
Se exhorta al Consejo de la Judicatura a revisar integralmente su planificación y ejecución institucional, priorizando la gestión estratégica, la mejora procesal, la realización de concursos, la evaluación de desempeño, la transparencia, la capacitación con enfoque de resultados, la modernización tecnológica y una adecuada ejecución de la inversión pública.
RSA