La seguridad del complejo hidroeléctrico más importante de Colombia, Hidroituango, se vio comprometida recientemente. Esto derivó en la cancelación forzosa de la visita técnica programada para el lunes 2 de marzo de 2026 por parte de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.
El Ejército Nacional de Colombia emitió una alerta tras detectar el sobrevuelo de drones de gran envergadura sin la debida autorización en las inmediaciones de la planta. Según los reportes de inteligencia militar, estas aeronaves no tripuladas estarían directamente vinculadas al Frente 36 de las disidencias de las Farc, una estructura armada ilegal que mantiene una fuerte presencia operativa en el norte del departamento.
La agenda oficial contemplaba una inspección exhaustiva de los avances de la obra, la cual ya registra un 95% de progreso físico. Entre los hitos que se pretendían destacar se encontraban la instalación de cuatro turbinas y la revisión detallada de los excedentes financieros que la Sociedad Hidroituango genera actualmente para la capital antioqueña y la administración departamental.
Durante un pronunciamiento ante los medios, el gobernador Andrés Julián Rendón advirtió que el objetivo primordial de estas estructuras ilegales es desestabilizar el sistema energético nacional. Según el mandatario, estas acciones buscan generar un impacto negativo días antes de que se lleven a cabo las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales.
“Conocemos información donde estos grupos terroristas quieren dejar apagado el país antes de elecciones”
Rendón también aprovechó para señalar que, aunque el proyecto finalmente está generando ingresos económicos tras seis décadas de planificación, la gestión se ha visto obstaculizada por diversas decisiones del Gobierno nacional. El funcionario criticó duramente la falta de inversión en dotaciones estratégicas y el debilitamiento de la seguridad, afirmando que el departamento ha quedado en una posición defensiva frente a la criminalidad.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, atribuyó la hostilidad de los grupos criminales a la naturaleza pública de la obra. Explicó que la presencia de EPM, al ser una empresa 100% pública, choca con los intereses de las estructuras que se lucran de actividades ilícitas como el cultivo de coca y la minería no autorizada en la subregión.
Gutiérrez enfatizó la importancia crítica de la central para la estabilidad de la nación al asegurar que
“si hoy no existiera Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento”
. Asimismo, denunció que las presiones y riesgos sobre la infraestructura son constantes y no se limitan solo a ataques físicos, sino también a esquemas de extorsión.
“Estos grupos terroristas quieren apagar el país, quieren generar un daño y el tema de fondo es el Frente 36 de las Farc que es alias ‘Calarcá’, EPM recibe amenazas de ese frente, amenazas terroristas, amenazas de extorsión”
EPM desmiente rumores sobre alerta roja en el embalse
En un comunicado paralelo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró la situación técnica de la represa para frenar especulaciones sobre un posible desbordamiento. La compañía desmintió de forma categórica que el complejo se encuentre en alerta roja o al límite de su capacidad operativa debido a las recientes lluvias.
Los indicadores actuales sitúan el nivel del embalse en los 409 metros sobre el nivel del mar (msnm), mientras que la cota máxima de almacenamiento de seguridad alcanza los 420 msnm. Esta diferencia de 11 metros representa una capacidad de reserva que, según la empresa, ha sido malinterpretada en algunos reportes externos.
Finalmente, se recordó que bajo la Resolución ANLA 2306 de 2019, la operación de la central debe cumplir con una normativa estricta que exige liberar un caudal equivalente al que ingresa al embalse durante la temporada actual. Este protocolo limita la posibilidad de retener crecientes de gran magnitud, obligando a un flujo constante para garantizar la integridad técnica de la infraestructura.
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