El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su descontento tras analizar la reciente resolución de la Corte Suprema vinculada a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). El fallo judicial desestimó la interpretación legal que permitía al jefe de Estado establecer aranceles sin límites y de forma unilateral.
El líder republicano lamentó profundamente las implicaciones de esta sentencia, argumentando que la postura del máximo tribunal terminará favoreciendo a naciones y corporaciones que, según su perspectiva, “han estado estafando a EE. UU. durante muchos años”.
A través de su plataforma Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca expresó su preocupación por el impacto financiero de la medida:
“La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles podría permitir que se devolvieran cientos de miles de millones de dólares a países y empresas que han estado estafando a EEUU durante muchos años y que, según esta decisión, podrían seguir haciéndolo, a un nivel aún mayor”
En el mismo mensaje, el presidente añadió una nota de incredulidad sobre las intenciones de los magistrados, señalando: “¡Estoy seguro de que la Corte Suprema no tuvo esto en mente!”. Donald Trump calificó como un despropósito que aquellos actores que se han aprovechado de la economía estadounidense por décadas reciban ahora lo que denominó como una “ganancia inesperada” e “inmerecida”.
Para el mandatario, las consecuencias de este dictamen, al que describió como un evento “nunca antes visto en el mundo”, resultan “altamente decepcionantes”. Incluso, planteó públicamente la interrogante sobre si existiría la posibilidad de solicitar una nueva audiencia o una resolución distinta para el caso en cuestión.
El fallo emitido el pasado viernes determinó que la IEEPA no faculta al Ejecutivo para implementar aranceles recíprocos. Esta resolución representa un obstáculo significativo para la hoja de ruta en materia de política económica e internacional que impulsa la administración de Trump.
Con una votación de seis votos contra tres, el Tribunal Supremo ratificó el criterio de una instancia inferior, concluyendo de forma tajante que
“la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”
. Según el tribunal, el uso de esta normativa, vigente desde 1977, superaba los límites de la autoridad presidencial.
Pese al revés legal, el gobierno de Estados Unidos inició el pasado martes 24 de febrero la aplicación de un nuevo arancel global del 10%. Esta medida fue anunciada previamente por Trump y se ampara en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Dicho gravamen posee una naturaleza transitoria y se mantendrá activo por un periodo de 150 días.
Este mecanismo legal permite al presidente gestionar desequilibrios en los pagos internacionales mediante la imposición de restricciones y recargos específicos a las importaciones. El lunes anterior, Trump sostuvo que, paradójicamente, el fallo judicial le brinda “más poderes y fuerza que antes” de manera accidental.
El mandatario advirtió que la justicia validó el resto de los aranceles, los cuales podrían emplearse de una forma “mucho más poderosa y atroz”, ahora bajo un marco de seguridad jurídica. Asimismo, adelantó que existe la posibilidad de que la tasa impositiva se incremente hasta el 15%.
Desde la Casa Blanca se justificó que estos derechos de aduana buscan mitigar los graves déficits en la balanza de pagos. Aunque el arancel inicial es por 150 días, su extensión dependerá de una futura decisión del Congreso.
Es importante destacar que esta normativa no repercute en la mayoría de las mercancías provenientes de Canadá y México, debido a las exenciones del tratado de libre comercio regional. No obstante, productos específicos como el acero y los automóviles podrían enfrentar nuevos gravámenes, según lo que sí permitió la Corte Suprema en su decisión de 6 a 3.
En paralelo, la administración estadounidense se encuentra desde este 2025 en procesos de negociación para nuevos acuerdos comerciales con India y Corea del Sur. También se tiene prevista la revisión integral del T-MEC con los socios norteamericanos durante el transcurso del presente año.
El pasado 20 de febrero, durante un encuentro con la prensa, Donald Trump lanzó duras críticas contra los miembros de la Corte, sugiriendo que algunos jueces podrían estar influenciados por intereses foráneos. Debido a la sentencia, el Ejecutivo tuvo que realizar ajustes al decreto presidencial 14380 del 29 de enero, el cual fijaba aranceles a exportadores de crudo hacia Cuba invocando razones de seguridad nacional.
Actualmente, el equipo económico republicano diseña un modelo arancelario de mayor estabilidad. Trump ha sido enfático al señalar que estas políticas se mantendrán vigentes durante toda su gestión. Por ahora, queda pendiente definir el uso que se le dará a los aproximadamente 170.000 millones de dólares recolectados hasta la fecha bajo este concepto.
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