La organización especializada Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) ha emitido un informe alarmante en el que detalla 59 vulneraciones a los derechos fundamentales y el deceso de un interno debido a negligencia médica durante el mes de enero de 2026 en centros penitenciarios bajo control estatal.
De acuerdo con el reporte difundido este viernes por la entidad con sede en México, se han identificado formalmente al menos a 31 personas privadas de libertad por motivos políticos —un grupo integrado por 29 hombres y 2 mujeres— que han sido víctimas directas de estos atropellos.
Negligencia médica y deceso de prisionero político
El CDPC lamentó profundamente el fallecimiento de Lázaro García Ríos, un prisionero político que cumplía una condena de 20 años de prisión desde el año 2022 bajo los cargos de sabotaje y propaganda enemiga. García Ríos fue sometido a una intervención quirúrgica del corazón, pero a pesar de que los informes facultativos indicaban una recuperación todavía incompleta, las autoridades ordenaron su traslado de retorno a la cárcel Combinado del Este, en La Habana.
Posteriormente, el interno reportó un deterioro severo en su estado de salud, sin que se encontraran evidencias de que recibiera una atención médica adecuada, profesional y oportuna por parte de los responsables del recinto penitenciario.
La organización logró documentar diversos casos de abuso en 22 prisiones ubicadas en 14 provincias del país. La zona de Las Tunas, en el oriente de la isla, fue la provincia que concentró la mayor cantidad de denuncias, específicamente en el centro conocido como “El Típico”. Los datos subrayan que los colectivos más vulnerables siguen siendo los disidentes políticos, la población afrodescendiente y los reclusos con enfermedades crónicas.
Ante esta situación, diversos organismos internacionales enfocados en los derechos humanos han mostrado su preocupación por el estado sanitario de los detenidos y han exigido su “liberación inmediata e incondicional”.
Condiciones de vida inhumanas
El informe de la ONG describe el entorno cotidiano en las cárceles cubanas como una crisis generalizada caracterizada por:
- Alimentación insuficiente y en evidente estado de descomposición.
- Casos de desnutrición severa entre la población penal.
- Falta crítica de agua potable e infraestructura edilicia deteriorada.
- Ausencia de colchones y proliferación de plagas.
- Presencia de brotes epidemiológicos sin el seguimiento médico necesario.
El CDPC también denunció que, como forma de represalia contra quienes exponen estas carencias, los internos son sometidos a vigilancia en sus comunicaciones, aislamiento en celdas de castigo, traslados forzosos, suspensión de atención médica, amenazas y golpizas que permanecen impunes.
Asimismo, el documento recoge testimonios sobre violencia sexual entre reclusos, presuntamente incentivada por los guardias, así como la fabricación de nuevos expedientes penales para evitar que los prisioneros accedan a beneficios carcelarios y la restricción arbitraria de las visitas familiares o conyugales.
La ONG advirtió que estas cifras representan un “subregistro de los eventos y víctimas reales”, debido a la nula transparencia de las autoridades, la prohibición de entrada a observadores externos y la persecución contra quienes realizan labores de documentación sobre el sistema carcelario.
Récord histórico de detenciones políticas
Al cierre de enero de 2026, la cifra de presos políticos en Cuba alcanzó los 1.207, lo que constituye un récord histórico. Este número es el más alto desde que existen registros internacionales y es el resultado de una política de represión que incluye tortura institucionalizada, vigilancia masiva en entornos digitales y el abandono médico deliberado de los opositores.
La entidad Prisoners Defenders ha vinculado este incremento represivo con la intención del régimen de sostenerse en el poder, alertando que la población carcelaria actual es de 923 personas por cada 100 mil habitantes.
Finalmente, se destacó que la vigilancia en redes sociales ha incrementado el riesgo para la ciudadanía. Un caso notable es el de Ankeily de la Caridad Guerra Fis, una joven de 23 años que fue detenida violentamente en La Habana tras realizar una transmisión en Facebook con críticas al gobierno y enviar mensajes al mandatario estadounidense, Donald Trump, solicitando un cambio de rumbo político para la isla.
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