El Consejo de Administración Legislativa (CAL) bloqueó el trámite de un proyecto de ley que planteaba la creación de un organismo adscrito a la Presidencia de la República que se encargaría de fiscalizar la inversión extranjera y que podría dar paso a una anulación automática de las inversiones por riesgos a la soberanía o seguridad nacional.
La propuesta fue presentada el 5 de febrero de 2026 por el asambleísta de Cotopaxi por el movimiento Pachakutik, Alex Toapanta, con el respaldo de 17 firmas que corresponden a legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano y el mismo sector de Pachakutik. Pero el CAL no calificó esta iniciativa y notificó su resolución el 19 de febrero.
Toapanta proponía crear el Comité Nacional de Revisión de Inversiones con facultades decisorias y poder de veto sobre las inversiones no autorizadas.
El proyecto se denominaba Ley Orgánica de Protección de la Soberanía Nacional y Revisión de la Inversión Extranjera, contenido en doce artículos, una disposición general, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y una disposición final.
Las razones que llevaron al CAL a no calificar el proyecto se sustentan en el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), donde se advierte que dos artículos del proyecto que establecen la nulidad automática de inversiones realizadas sin autorización previa y la facultad estatal de revisar inversiones ya autorizadas cuando surja nueva información sobre riesgos para la soberanía o seguridad nacional, incluso con la excepción amplia de “amenaza grave al interés nacional”, podrían resultar contrarios al principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución.
La UTL consideró que el permitir efectos extremadamente gravosos (nulidad, desinversión o revisión posterior) sin parámetros suficientemente claros, objetivos y predecibles definidos en la propia iniciativa debilitaría la estabilidad de los derechos adquiridos y la confianza legítima.
El CAL sostuvo también que actualmente el país se encuentra en un escenario que requiere atraer y captar inversión foránea, debido a la evidente crisis económica interna, la cual ha tocado a los sectores cubiertos por la propuesta normativa.
Si bien el proyecto cumple formalmente con los requisitos constitucionales en materia fiscal, resulta necesario advertir que su implementación, en los términos propuestos, podría generar inseguridad jurídica y tensiones institucionales, contrarias a los principios de certeza normativa, eficiencia administrativa y buena gobernanza, concluye el informe de la UTL.
Propuesta
El proyecto planteado por el asambleísta Alex Toapanta (PK) establecía que la fiscalización se aplicaría a toda inversión extranjera directa, así como a adquisiciones, fusiones, ampliaciones, cambios de control, contratos asociativos o cualquier otra modalidad que implique participación o influencia extranjera, directa o indirecta, en sectores estratégicos, infraestructura esencial, recursos naturales, tecnologías críticas o gestión de datos sensibles, independientemente de la denominación social o estructura corporativa utilizada.
Se proponía la obligatoriedad de revisar las inversiones extranjeras que se realicen en energía, en todas sus formas; recursos naturales no renovables, incluyendo exploración, extracción, procesamiento y comercialización de minerales críticos, petróleo e hidrocarburos; telecomunicaciones y espectro radioeléctrico; infraestructura de transporte esencial; biodiversidad, patrimonio genético y recursos biotecnológicos; y otros sectores que, por su impacto estratégico, se determinen mediante reglamento.
Como factores de evaluación se tomaría en cuenta la vinculación del inversor con los Gobiernos extranjeros o Fuerzas Armadas; impacto en la resiliencia de cadenas de suministro estratégicas; riesgos para la protección de datos, el ambiente y los derechos humanos; y riegos reputacionales, culturales y de orden público.
Fuente: El Universo
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