La presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y alcaldesa del cantón Muisne, Yuri Colorado, dice que el organismo que lidera está realizando un acompañamiento a los municipios del país para asesorar sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La normativa, que ya está vigente, dispone a municipios y prefecturas que cumplan lo establecido en el Cootad y destinen el 70 % de su presupuesto a gasto no permanente: inversión y mantenimiento de obras, y el 30 % a gasto corriente o pago de los funcionarios públicos. La Ley sanciona a los GAD que no lo hacen. Ante este escenario, Colorado informó que con el Gobierno nacional se buscará implementar un mecanismo que evite la reducción presupuestaria para los GAD que no logren cumplir la regla 70/30.
Tras la aprobación de la Ley, usted reunió a un equipo técnico para definir una hoja de ruta para el acompañamiento a los municipios: ¿en qué consiste esta planificación?
Nuestra tarea es revisar cuáles son las alcaldías que no están cumpliendo por un registro inadecuado del presupuesto o porque tienen una cantidad importante de gente en la partida 71, poder revisar su partida 51, que es donde se registra todo el gasto corriente: personal administrativo, personal amparado por la Losep y por el Código de Trabajo. Esto demanda un trabajo uno a uno en los cantones. Acabo de reunirme con las siete regionales de AME y con los alcaldes presentes para que sus equipos técnicos trabajen con los nuestros y cumplir con la ley en los periodos 2026, 2027 y 2028. En esta primera etapa realizamos un diagnóstico de las partidas presupuestarias del municipio y, posteriormente, les asesoramos técnicamente sobre cómo implementar la ley. La AME tiene la obligación de acompañar a los alcaldes para cumplir con la implementación progresiva (65 % en 2026, 68 % en 2027 y 70 % en 2028) y con la entrega de información trimestral al Ministerio de Finanzas.
¿Es cierto que programas y servicios están en riesgo con esta ley, según alerta la oposición?
Eso no es cierto. Hay que precisar que esta ley (Cootad) fue votada, en su momento, por la entonces asambleísta y hoy prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Además, la Constitución de Montecristi ya establece que la eficiencia era obligatoria. Es la misma ley, simplemente normando la implementación del 70/30 (70 % de inversión, 30 % de gasto corriente). Lamento profundamente que el país esté en medio de este campo de batalla narrativa de que todo está mal debido a temas políticos.
¿Es inminente el despido de funcionarios municipales por este ajuste al gasto corriente?
No necesariamente, porque ya hay un mandato del Cootad de octubre de 2010 para que se cumpla el 70 % en inversión y el 30 % en gasto corriente. La normativa ahorita le está diciendo: “Cumpla la ley y, si no lo hace, se regresará a los mínimos establecidos en la Constitución, que es el 15 % y el 5 %”. La ley no dice: “Despida, no haga fiestas o elimine servicios sociales”. Lo que dice es que se debe ajustar el presupuesto según las prioridades. Cada alcaldía debe establecer prioridades: agua potable, saneamiento e infraestructura. Una vez cubierto eso al 100 %, se puede ir a lo restante, pero no a la inversa. El espíritu de la ley es la eficiencia fiscal. De los 300 millones de dólares que se transfieren mensualmente a los GAD, aproximadamente 210 millones deberían ir obligatoriamente a obra básica. Si esto se hubiera cumplido hace ocho años, hoy tendríamos mejores administraciones y mayor infraestructura.
Entonces, ¿la normativa se presenta como una solución a problemas como la falta de obras en los municipios o el gasto excesivo en eventos o en personal administrativo?
Creo que no hay que satanizar las festividades, porque generan empleo indirecto y dinamizan la economía y el turismo. Lo que hay que hacer es racionalizar los valores presupuestados para una festividad. Ahora, si un municipio gasta 3 o 4 millones en una fiesta, será cuestionado por las autoridades de control, porque eso representaría un proyecto de agua potable de un cantón. Entonces, la festividad no está mal, pero no se puede destinar el 70 % en fiestas y el 30 % en inversión; es decir, hay que tener un equilibrio.
¿Es posible que los municipios cumplan esta regla del 70/30 a pesar de la deuda que mantiene el Gobierno?
Es importante precisar que el Gobierno nacional desembolsó $ 600 millones en diez días para alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. He conversado con el Ministerio de Gobierno y Finanzas, y están haciendo esfuerzos para cumplir con diciembre y cerrar el ejercicio 2025. Además, el cumplimiento se mide sobre lo ejecutado presupuestariamente; no pueden medirle sobre algo que aún no se ha asignado.
¿De cuánto es esta deuda?
A fecha del 15 de febrero, la deuda con alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales es de $ 600 millones de dos meses, considerando que se paga a mes vencido. En el caso de las alcaldías, la deuda es de aproximadamente $ 400 millones. Aun así, los municipios también generamos ingresos propios.
¿Qué pasará con los municipios más pequeños?
Estamos haciendo un diagnóstico y hemos hablado con la Presidencia y Finanzas para que, de acuerdo con el diagnóstico que tengamos, se busque un mecanismo para que en los municipios que no logren cumplir con la ley y la regla 70/30 no se afecte a la ciudadanía con reducciones de presupuesto. El trabajo es para los 222 municipios.
¿Se sentaría a conversar con alcaldes de oposición, como Pabel Muñoz o Cristian Zamora?
Yo saludo amablemente con Pabel Muñoz, con Paola Pabón, con Cristian Zamora. En democracia podemos pensar distinto. Lo que no comparto es el doble discurso de quienes aprobaron el Cootad y cuando les convenía y ahora dicen que no es buena. Entiendo que es un escenario electoral previo a las seccionales, donde todos buscan la ratificación de sus partidos para ser candidatos, pero técnicamente saben que este es un modelo de eficiencia.
Sobre eso, ¿usted buscará la reelección el próximo año?
He expresado públicamente que no soy candidata a la reeleción en Muisne. He decidido poner una pausa. Aunque amo mi trabajo, las largas horas de viaje y la gestión demandan un sacrificio familiar grande, y mis hijos aún están pequeños. Hace meses tomé la decisión de no ir a la reelección para priorizar a mi familia.
Fuente: El Universo
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