El gobierno de Estados Unidos ratificó su firme compromiso con la recuperación de la paz y la estabilidad institucional en Haití. Este posicionamiento fue el eje central de un encuentro de alto nivel entre el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el primer ministro de la nación caribeña, Alix Didier Fils-Aimé, desarrollado en el marco de la cumbre de mandatarios de la Comunidad del Caribe (Caricom).
A través de un reporte oficial de la delegación diplomática en Puerto Príncipe, se detalló que Rubio enfatizó la urgencia de robustecer los operativos de seguridad contra las organizaciones criminales. En este sentido, reafirmó el respaldo de la administración estadounidense a la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) como pilar de esta estrategia de pacificación.
“Estados Unidos pedirá cuentas a quienes apoyan a las bandas, incluidos los políticos corruptos que contribuyen a la desestabilización de Haití”, sentenció el máximo responsable de la diplomacia estadounidense.
Fortalecimiento de la intervención internacional
En declaraciones ofrecidas a la cadena C-SPAN, Marco Rubio admitió que, si bien la GSF “se está fortaleciendo”, todavía se requiere la inyección de mayores recursos financieros y logísticos. El alto funcionario especificó que esta fuerza de carácter internacional funcionará bajo el amparo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resaltando que es vital que el organismo internacional pruebe su eficacia en la resolución de este conflicto.
El diplomático fue enfático al señalar el propósito final de estas acciones coordinadas: “El objetivo sería intervenir sobre el terreno y permitir a las autoridades haitianas recuperar el control del territorio en manos de estas bandas”, puntualizó.
Rumbo a los comicios de agosto
Este diálogo estratégico tuvo lugar durante la 50.ª reunión de jefes de Gobierno de Caricom. En dicho espacio, el primer ministro Fils-Aimé reportó avances significativos en la ofensiva contra el crimen organizado y mostró optimismo respecto al calendario electoral de este año. El mandatario haitiano subrayó la vigencia de un pacto firmado por la mayoría de las fuerzas políticas para pacificar el país y encaminarse a la primera vuelta electoral, programada para el próximo 30 de agosto.
No obstante, la realidad en las calles sigue siendo crítica. La Policía Nacional de Haití (PNH) confirmó que, el pasado sábado, un operativo en la zona de Kenscoff, al sur de la capital, terminó con la muerte de al menos 16 pandilleros. El panorama de crisis es profundo: la Oficina Integrada de la ONU (Binuh) contabilizó casi 6.000 fallecidos y 2.708 personas heridas durante el transcurso del 2025 debido a la pugna entre pandillas y las intervenciones estatales.
Cifras alarmantes y crisis humanitaria
El reporte más reciente de la organización Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), difundido el 11 de febrero, indica que solo en enero de 2026 fueron asesinadas 299 personas por proyectiles de armas de fuego o en combates directos. La ONG alertó sobre una peligrosa “explosión de secuestros” que pone en duda la operatividad del Estado para garantizar la integridad de sus ciudadanos.
“Este balance, de una gravedad insoportable, ilustra una realidad en la que morir se ha convertido en un riesgo diario para todos los haitianos”, advirtió la Ordedh en su informe, señalando que las víctimas representan familias destrozadas y un tejido social que se desgarra ante la mirada de una sociedad traumatizada.
El desglose de la violencia revela datos estremecedores sobre la situación del país:
- El 42,81% de los decesos registrados se vinculan directamente a la acción de grupos armados, con especial énfasis en la coalición denominada Viv Ansanm.
- La población civil continúa siendo el eslabón más vulnerable, representando el 32,11% de las bajas totales en el conflicto.
- El auge de los secuestros se ha transformado en un fenómeno que paraliza la cotidianidad y el espíritu de la ciudadanía.
Pese a los anuncios oficiales y las acciones de la Policía Nacional de Haití, el secuestro persiste como un desafío que la institución no ha logrado doblegar. Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) calificó la coyuntura actual como catastrófica, denunciando ataques masivos y coordinados de grupos criminales aliados contra la población y la infraestructura clave del Estado. Según HRW, el rápido control territorial de estas bandas ha forzado a las agencias de ayuda humanitaria a suspender sus labores esenciales en gran parte del territorio nacional.
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