En una acción legal contundente, el FBI ha formalizado una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia con el objetivo de asegurar la incautación del petrolero ‘Skipper’. Según los documentos judiciales, tanto la embarcación como su voluminoso cargamento son considerados herramientas de influencia para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán. Las investigaciones revelan que esta estructura operativa ha estado activa desde 2021, facilitando la comercialización ilícita de hidrocarburos a nivel global para el beneficio de la organización iraní.
El proceso legal busca el decomiso definitivo del buque, el cual fue interceptado en alta mar durante el mes de diciembre de 2025. En el interior del ‘Skipper’, las autoridades estadounidenses hallaron un cargamento de aproximadamente 1,8 millones de barriles de petróleo venezolano, propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA). El cargamento tenía como propósito abastecer a entidades y naciones que actualmente se encuentran bajo el régimen de sanciones internacionales, de acuerdo con la denuncia presentada por la oficina federal.
Vínculos con redes sancionadas
Uno de los destinos principales de este crudo era Cubametales, la empresa estatal de Cuba encargada de la importación y exportación de energía. Es importante recordar que esta entidad permanece bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde julio de 2019. La demanda del FBI destaca que el ‘Skipper’ formaba parte de una logística diseñada para evadir estos bloqueos financieros y comerciales de manera sistemática.
Las investigaciones detallan que el petrolero utilizaba rutas estratégicas que conectaban a Irán y Venezuela, empleando tácticas de transferencia de carga de buque a buque en diversas regiones geográficas. Estas maniobras permitían ocultar el origen del petróleo y facilitaban su entrega a lo que las autoridades denominan «regímenes delincuentes». Un evento clave ocurrió en noviembre de 2025, cuando la nave cargó 1,8 millones de barriles en la Terminal José de Venezuela, de los cuales 1,1 millones tenían como destino final a Cubametales.
Intervención en aguas internacionales
El operativo físico de abordaje se ejecutó el 10 de diciembre de 2025, momento en que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos tomaron control de la embarcación en aguas internacionales. Al momento de la intervención, el ‘Skipper’ navegaba bajo una bandera guyanesa falsa. Esta irregularidad permitió que la nave fuera clasificada como un buque apátrida, otorgando a las autoridades la facultad de intervenir bajo el amparo del derecho marítimo internacional. Actualmente, el tanquero se encuentra custodiado en las proximidades de la costa de Texas.
Respecto a esta operación, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, emitió un mensaje oficial sobre la firmeza de la actual administración:
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar en secreto regímenes que representan una clara amenaza para Estados Unidos ha terminado.»
El expediente judicial elaborado por el FBI enfatiza que las operaciones del ‘Skipper’ no eran aisladas, sino parte de un esquema de evasión de sanciones planificado. Entre las tácticas detectadas se encuentran:
- El uso de identidades marítimas falsas y cambios frecuentes de bandera.
- La alteración deliberada de rutas de navegación para burlar monitoreos internacionales.
- Transferencias indirectas de crudo para ocultar la participación de PdVSA y el CGRI.
Históricamente, los nexos comerciales entre Venezuela e Irán han permanecido bajo el escrutinio de Washington. Las sanciones impuestas buscan cerrar las vías de financiamiento para actividades que el gobierno estadounidense califica como contrarias a la seguridad global. En este contexto, la confiscación del ‘Skipper’ marca un hito en los esfuerzos por desmantelar las redes de tráfico de petróleo que operan al margen de la legalidad internacional.
Finalmente, el FBI sostiene ante la justicia que la incautación total del buque y sus barriles no solo castiga una infracción regulatoria, sino que funciona como una medida disuasoria contra otros actores que pretendan utilizar los mercados energéticos para beneficiar a regímenes sancionados. La cooperación entre distintas agencias federales continúa enfocada en garantizar que las restricciones económicas se cumplan con efectividad y rigor.
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