El jurista Jesús Barboza ha formalizado un recurso de hábeas corpus preventivo en beneficio de José María Balcázar. Esta medida legal busca la intervención inmediata de un magistrado ante lo que se considera una vulneración inminente a la libertad y la autonomía en la toma de decisiones del alto funcionario.
En el texto de la demanda, se argumenta la existencia de una amenaza catalogada como “cierta, inminente y grave” que atentaría contra la integridad mental, la libertad individual y el derecho al ejercicio del cargo sin coacciones externas. Según el abogado demandante, se estarían produciendo episodios de acoso y un cerco político diseñados para limitar su capacidad de actuar de forma independiente.
Barboza califica la coyuntura actual como un “secuestro institucional”. Con este concepto, el letrado aclara que no se refiere a una privación de libertad física, sino a una sistemática presión política que busca doblegar la voluntad del mandatario.
La acción judicial ha sido interpuesta por el abogado en su calidad de ciudadano, amparándose en la legislación vigente que faculta a cualquier individuo a actuar en defensa de terceros cuando se percibe un riesgo real sobre sus derechos fundamentales.
Señalamientos contra APP y Perú Libre
El recurso legal señala directamente a dos organizaciones políticas: Alianza para el Progreso (APP), bajo el liderazgo de César Acuña, y Perú Libre, cuyo secretario general es Vladimir Cerrón.
Respecto a la agrupación liderada por Acuña, el documento describe supuestas comunicaciones de carácter intimidatorio y maniobras de fuerza política dirigidas a condicionar las facultades del presidente. Se sostiene que estos actos habrían vulnerado la libertad de decisión del jefe de Estado.
En lo concerniente a Perú Libre, el interponente menciona una presunta estrategia de infiltración. Se detalla la presencia de redes y personas en el círculo íntimo del poder que funcionarían como filtros para sesgar la información y restringir las facultades de decisión del gobernante.
Implicación de asesores y exfuncionarios
La denuncia no se limita a los líderes partidarios, sino que extiende la responsabilidad a ex altos funcionarios, secretarios y asesores cercanos a la presidencia. Estas figuras son señaladas como componentes clave de un esquema de presión que socava la autonomía institucional.
Jesús Barboza insiste en que estas dinámicas han configurado un entorno hostil que compromete la libertad del mandatario. La admisión de este recurso y la posible implementación de medidas cautelares quedan ahora supeditadas a la evaluación de un juez del sistema judicial.
Relación con las advertencias de Hernando de Soto
Esta acción legal se produce de forma paralela a las advertencias realizadas por el economista Hernando de Soto. El excandidato presidencial coincidió al señalar que el gobernante se encuentra políticamente “secuestrado”, apuntando específicamente a las mismas formaciones políticas mencionadas en el hábeas corpus.
Las reacciones de los implicados no se hicieron esperar. Tanto APP como Perú Libre han negado tajantemente cualquier vinculación con una supuesta “repartija” de carteras ministeriales o cuotas de poder ilegítimas.
César Acuña admitió haber telefoneado al economista, pero aclaró que fue un gesto de cortesía y amistad para felicitarlo, descartando cualquier solicitud de beneficios políticos o ministerios. Por otro lado, Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad, rechazó que su partido mantenga cuotas en el gabinete actual.
En concordancia, el portavoz Flavio Cruz negó injerencias externas, aunque aprovechó para cuestionar la idoneidad de la ministra Denisse Miralles, tildándola de “improvisada”. Finalmente, la presidenta del Consejo de Ministros garantizó que el Ejecutivo opera bajo criterios técnicos, asegurando la neutralidad y el respeto a la voluntad ciudadana en coordinación con los entes electorales.
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