Tras un extenso periodo de negociaciones que se prolongó por más de cuatro años, el pasado 26 de febrero se hizo público el texto definitivo que regulará el estatus de Gibraltar frente a la Unión Europea tras el Brexit. Este ambicioso proyecto normativo, que nace del consenso político alcanzado el 11 de junio, pretende cimentar una relación de beneficio mutuo entre el Peñón y el Campo de Gibraltar, teniendo como medida más emblemática la eliminación definitiva de la Verja.
El tratado, que consta de una extensión superior a las 1.000 páginas, está estructurado en 336 artículos y 43 anexos. Actualmente, el documento se encuentra en fase de ratificación por parte del Consejo Europeo, la Eurocámara y el Parlamento británico antes de su plena entrada en vigor.
Preservación de la soberanía
Uno de los puntos más delicados se aborda en el artículo 2 del texto, donde se especifica con claridad que el contenido del pacto no altera las posturas históricas de las naciones involucradas sobre el territorio. Según reza el documento oficial:
«nada de lo contenido en mismo ‘afectará a las respectivas posiciones legales’ de Reino Unido y España ‘respecto a la soberanía y la jurisdicción y no constituirá la base para ninguna afirmación o denegación de la soberanía'».
Eliminación de la Verja y nuevos controles fronterizos
El acuerdo contempla la remoción de todas las barreras físicas que obstaculicen el tránsito de ciudadanos, lo que implica el derribo de la histórica Verja. A partir de su aplicación, las inspecciones se trasladarán directamente al puerto y al aeropuerto de Gibraltar.
En estos puntos se implementará un sistema de doble control:
- Las autoridades gibraltareñas realizarán la primera inspección.
- Posteriormente, la Policía Nacional de España se encargará de los controles de acceso al espacio Schengen.
Es importante destacar que, aunque se aplicarán las normativas de este espacio sin fronteras, Gibraltar no formará parte de Schengen. Para las salidas del territorio, el proceso de doble verificación se realizará en orden inverso.
Gestión compartida del aeropuerto
Un aspecto fundamental del tratado es el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, situado en el istmo. Para su administración, se creará una empresa conjunta entre España y el Reino Unido. Esta entidad tendrá la particularidad de que su sede no podrá estar en ninguno de los dos países firmantes, debiendo radicarse en un Estado miembro de la Unión Europea distinto a España.
Respecto a la operatividad aérea, se permitirán vuelos desde y hacia el Reino Unido y cualquier país de la UE, siempre que las aerolíneas cuenten con el aval de Bruselas y la autorización de Londres.
Intercambio de mercancías y convergencia fiscal
El tratado establece una unión aduanera entre el Peñón y la UE para garantizar la libre circulación de bienes. Las inspecciones aduaneras se centralizarán en La Línea, Algeciras y Sagunto. No obstante, se contempla la posibilidad de habilitar puntos en Portugal si surgieran imprevistos que impidieran la operatividad de los puestos españoles durante las 24 horas.
En materia de impuestos, se busca reducir la brecha fiscal mediante la aplicación de un impuesto indirecto en Gibraltar similar al IVA. Este gravamen funcionará de la siguiente manera:
- Iniciará con una tasa del 15% tras la entrada en vigor.
- Se incrementará progresivamente en tres años hasta llegar al 17%.
- Nunca podrá ser inferior al tipo mínimo aplicado por los Estados miembros de la UE.
Para supervisar este proceso, se instaurará un órgano consultivo independiente. Si el Reino Unido no ajusta los impuestos según las recomendaciones, España podrá solicitar que la UE aplique una cláusula de salvaguarda para imponer el IVA correspondiente por un periodo máximo de 30 días.
Seguridad, Defensa y Tabaco
La base de la Fuerza Aérea británica en el Peñón ha quedado excluida del acuerdo. Los militares británicos o de otras naciones que lleguen a la base estarán exentos de controles de visado o pasaporte bajo las reglas Schengen, aunque esto no les otorgará derechos de residencia permanente.
En cuanto a la lucha contra el contrabando de tabaco, el Reino Unido deberá:
- Informar a España sobre toda importación y venta de productos de tabaco.
- Implementar un sistema de trazabilidad similar al europeo.
- Asegurar la destrucción del material confiscado en operaciones ilícitas.
- Fijar un impuesto especial no menor a 115 euros por cada 1.000 cigarrillos, buscando que la diferencia de precio con España no supere los 0,80 euros o el 15% por cajetilla.
Residencia y derechos laborales
El control migratorio será estricto: España tendrá la facultad de vetar la emisión o renovación de permisos de residencia en Gibraltar si presenta una objeción formal ante las autoridades británicas.
Finalmente, el acuerdo protege a los aproximadamente 15.000 trabajadores transfronterizos (de los cuales 10.000 son españoles). Estos empleados y sus familiares directos gozarán de los mismos derechos, beneficios sociales y ventajas fiscales que los trabajadores locales y británicos en el Peñón.
Fuente: Fuente