En una atmósfera cargada de esperanza y constantes reclamos de justicia, parientes y amigos de los presos políticos en Venezuela protagonizaron este miércoles una nueva jornada de vigilia. La concentración tuvo lugar en los exteriores de un recinto de la Policía Nacional situado en el sector de La Yaguara, al oeste de Caracas, donde los manifestantes clamaron por la pronta libertad de sus allegados tras cumplirse casi una semana desde la promulgación de la Ley de Amnistía en el país.
A través de oraciones y la exhibición de retratos de los ciudadanos privados de su libertad, los asistentes buscaron visibilizar su situación y presionar por nuevas medidas de excarcelación. Durante la jornada, Gabriela Torres alzó su voz para solicitar la liberación inmediata de su progenitor, Juan Gonzalo Torres. La joven manifestó con preocupación que su padre
“está bastante mal de salud”
, una condición agravada por la diabetes que padece crónicamente.
Relatos de agresiones y procesos judiciales
Torres detalló que su padre fue aprehendido el pasado 10 de septiembre en compañía de su esposa, Elizabeth Rodríguez. Aunque ella ya ha recuperado su libertad, la denuncia sobre el trato recibido durante el arresto persiste. Gabriela aseguró que ambos fueron
“golpeados”
al momento de ser capturados por los agentes, indicando específicamente que
“a mi papá le rompieron dos costillas”
.
De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, a la pareja se le imputaron cargos graves como terrorismo y la promoción o incitación al odio. La entidad defensora de derechos humanos ha señalado de forma crítica que estos casos
“reflejan un uso del sistema penal que plantea serias dudas”
en cuanto a su legitimidad y transparencia judicial.
Movilizaciones en respuesta a anuncios del Parlamento
Por su parte, la activista Gabriela Álvarez señaló que estas concentraciones frente a diversas cárceles del país se han intensificado desde el pasado 8 de enero. Esta ola de vigilias fue impulsada luego de que el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mencionara la futura excarcelación de un
“número importante de personas”
, lo cual generó expectativas inmediatas entre las familias que aguardan noticias en las afueras de los centros de reclusión.
En el marco de la implementación de la nueva normativa, Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada de su cumplimiento, informó que hasta el momento 185 personas han sido puestas en libertad. No obstante, el proceso de aplicación sigue en marcha y bajo la lupa de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
La legislación vigente estipula que los tribunales competentes tienen la obligación de resolver las solicitudes de amnistía en un periodo que no exceda los 15 días. A pesar de estos avances, todavía no se cuenta con un listado oficial y detallado de los beneficiarios. Mientras tanto, Foro Penal documentó que, entre el viernes de la semana pasada y el último martes, se concretó la salida de 109 detenidos de diferentes recintos penitenciarios del país.
Petición especial por el sector castrense
La situación también alcanza al ámbito militar. La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón presentó una solicitud formal ante la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, para que la amnistía se aplique de forma efectiva a 204 militares de diversos rangos. Estos uniformados se encuentran actualmente recluidos por razones que la organización considera estrictamente políticas.
En una misiva dirigida a la comisión de seguimiento y difundida mediante la plataforma social X, la ONG puntualizó que estos funcionarios fueron procesados y condenados principalmente bajo las acusaciones de:
- Traición a la patria
- Conspiración
- Instigación a la rebelión
La organización argumentó que estas imputaciones se gestaron en contextos de extrema polarización política, donde cualquier disidencia o el simple cumplimiento de principios institucionales fueron interpretados bajo una óptica de criminalización. Sostienen que, dado que la conspiración y la traición son tipificados como delitos políticos o conexos, los 204 efectivos deberían ser beneficiados por la ley.
Según Justicia, Encuentro y Perdón, este paso sería fundamental para la despolitización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y permitiría “cerrar heridas dentro de la familia militar”. Finalmente, la ONG advirtió sobre la existencia de graves irregularidades procesales y la extensión injustificada de la detención preventiva, lo que vulnera garantías constitucionales mínimas. La organización confía en que la comisión especial actúe como un puente para pasar
“de la persecución a la justicia”
, permitiendo que estos ciudadanos se reintegren a su vida civil.
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