El escenario logístico en Panamá ha ingresado en una etapa de alta complejidad jurídica y económica. Esto ocurre tras el inicio del proceso de arbitraje promovido por Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison. La acción legal surge como respuesta directa a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de invalidar la concesión que permitía a la empresa operar las terminales estratégicas de Balboa y Cristóbal.
El titular de la cartera de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ratificó que la pretensión económica de la compañía sobrepasa los $1.500 millones. El funcionario describió esta suma como una cifra “alejada de la realidad”, argumentando que no guarda proporción con los aportes históricos realizados bajo el contrato que inició en 1997, el cual fue finalmente sentenciado como inconstitucional por el máximo tribunal del país.
La tensión escaló significativamente una vez que se hizo público el fallo judicial que confirmaba la nulidad del acuerdo contractual. Ante este vacío, el Ejecutivo panameño procedió a ejecutar una toma de control de carácter temporal de las instalaciones, delegando dicha responsabilidad en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Bajo este esquema de transición, el Estado autorizó la operación de las terminales mediante operadores internacionales especializados. Esta medida busca garantizar la continuidad del servicio portuario mientras se estructura y ejecuta un proceso de licitación pública que otorgue una concesión definitiva.
En sus declaraciones, Chapman enfatizó que la nación actuará rigurosamente bajo el Estado de derecho. Aseguró que se defenderán los intereses nacionales en los tribunales internacionales, preparándose para lo que podría ser un proceso judicial extenso.
Las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas sugieren que Panamá podría percibir ingresos de hasta $100 millones durante la fase transitoria, la cual se estima que durará aproximadamente 18 meses.
Según explicó el ministro, esta recaudación sería notablemente superior a los beneficios económicos percibidos bajo el régimen del contrato anterior. Esto respalda el argumento del Gobierno de que el cambio no solo acata una orden judicial, sino que tiene el propósito de mejorar la rentabilidad pública derivada de la explotación portuaria.
Asimismo, Chapman informó que el Estado asumirá inicialmente los costos legales del arbitraje, un procedimiento estándar en estos litigios. No obstante, mostró optimismo respecto a la solidez de los argumentos panameños, recordando que el país cuenta con un historial de éxitos en arbitrajes internacionales donde, usualmente, la parte vencida debe reembolsar los gastos legales, mitigando el impacto en el fisco.
El litigio se llevará a cabo bajo la normativa de la Cámara de Comercio Internacional en Nueva York. Ambas partes están obligadas a nombrar a sus equipos legales antes de que se inicie formalmente la fase de alegatos.
Chapman explicó que el Estado se encuentra actualmente seleccionando a los expertos que integrarán su defensa, habiendo recibido ya diversas propuestas de firmas especializadas en arbitrajes internacionales.
Se prevé que la elección final se realice a la brevedad posible, dado que Panamá debe cumplir con la designación del representante legal antes de que concluya la primera quincena de marzo. El ministro aseguró que el equipo gubernamental se mantiene dentro de los plazos establecidos para consolidar su estrategia legal.
Por otro lado, el funcionario descartó que exista actualmente una negociación directa con PPC que busque una solución fuera de los tribunales. Subrayó que la postura del país es firme y que no se contempla solicitar arreglos amistosos en este momento.
A pesar de esto, admitió que el marco del arbitraje podría propiciar diálogos si la empresa presenta propuestas consideradas razonables para el país. De no ser así, el litigio continuará su curso, pudiendo prolongarse por varios años, tal como sucede con otros conflictos internacionales de infraestructura.
En relación a posibles repercusiones externas, Chapman abordó las interrogantes sobre posibles repercusiones económicas derivadas de la reacción de China. Manifestó que, hasta la fecha, no se percibe ninguna acción concreta que amenace la estabilidad económica panameña.
Aclaró además que la participación china en depósitos e inversión extranjera directa en el país es relativamente baja si se compara con otros socios comerciales clave, dado que el mayor volumen de capital proviene de América, Europa, Japón y Corea.
Reorganización y contratos temporales
La etapa de transición ha implicado ajustes logísticos, particularmente en el puerto de Balboa. Allí, el operador APM Terminals confirmó cambios operativos, priorizando la recepción de exportaciones y reprogramando el despacho de importaciones para asegurar la estabilidad del sistema. Este proceso es vital para garantizar continuidad operativa, capacitación del personal y el acoplamiento a nuevas plataformas tecnológicas.
Esta gestión transitoria cuenta con el aval de la Contraloría General, que aprobó contratos para la administración temporal por un valor conjunto de $41,9 millones. Estos recursos se destinan a la gestión, mantenimiento y administración de las terminales mientras se define el futuro modelo concesionario del sistema portuario nacional.
En el desglose de estos acuerdos, se detalló que el puerto de Balboa está bajo el mando de APM Terminals Panamá S.A., con un contrato de $26.100.000 destinado a la operación. En el sector Atlántico, el puerto de Cristóbal es administrado por TIL Panamá S.A., vinculada a Mediterranean Shipping Company (MSC), a través de un convenio por $15.800.000.
Felipe Chapman admitió que el desempeño financiero de esta fase dependerá del flujo del comercio global y la actividad de las navieras, aunque mantuvo que los datos preliminares proyectan un escenario muy positivo para las arcas del Estado.
Finalmente, este conflicto pone de relieve la intersección entre decisiones judiciales, política económica y geopolítica comercial. Los procesos de arbitraje y la futura licitación internacional configuran un proceso que redefinirá el modelo de gestión portuaria de Panamá. El Gobierno sostiene que la transición representa una oportunidad histórica para elevar los estándares de transparencia, maximizar los ingresos del Estado y fortalecer la competitividad logística del país.
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