Tras la aprobación de la Ley urgente sobre eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) con la mínima mayoría de 77 votos, el Gobierno asegura que esa correlación de fuerzas se mantendrá en los próximos debates legislativos.
En entrevista con EL UNIVERSO, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, defendió la norma, negó que afecte programas sociales o la autonomía local y afirmó que el objetivo es ordenar las finanzas públicas, priorizar la inversión en obra y servicios básicos y frenar lo que calificó como despilfarro en los gobiernos locales.
La Ley sobre el gasto de los GAD se aprobó con 77 votos, lo mínimo requerido, ¿esta mayoría se va a mantener o fue solo para este caso?
Todavía existe una mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Vamos a tener esa mayoría. Es una mayoría que está pensaba justamente en nuestros aliados, que son de otras organizaciones políticas, que piensan en lo que nosotros pensamos: el bienestar de la ciudadanía, y por eso decidieron votar a favor de la Ley económica urgente para los gobiernos autónomos descentralizados, poder tener una regla que ordene la finanza pública, que ordene los presupuestos y el gasto de los presupuestos.
¿Por qué es importante la aprobación de esta norma?
Ahora vamos a tener el 70/30, 70 % que van a ser destinados para la inversión, para la obra pública, para el saneamiento, para el alcantarillado, para el agua potable y para la vialidad. Cuántas veces nosotros vamos por barrios, vamos por, inclusive, nuestras propias viviendas y nos encontramos con este tipo de obstáculos, cráteres en las calles, porque simplemente no les da la gana a los alcaldes de poder realizar una planificación de lo que van a trabajar. Esto pasa en Quito, por ejemplo, basureros que lo que hacen es contaminar el medioambiente, generar enfermedades para nuestros niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Nosotros lo que estamos proponiendo es una regla para que realmente se trabaje para la inversión social. Es importante destacar que el 30 % quedará para lo que es gasto corriente, es decir, los sueldos y que no sea lo que pasa actualmente, que es la burocracia y el piponazgo, despilfarro en fiestas, en eventos, trayendo artistas internacionales. Por ejemplo, querían traer a un artista en Quito de $ 1 millón, con eso cuánto haríamos.
¿Qué otros casos detectó el Gobierno para justificar la necesidad de esta Ley?
En el 2024, por ejemplo, se destinaron $ 210 millones para pagar únicamente sueldos en el Municipio de Quito. Con esto hubiésemos podido hacer muchas cosas. ¿Por ejemplo, adecuar los parques, unos 200 parques, tener alrededor de 50 pasos laterales en la capital de la República, teniendo en cuenta el caos que hay en el tránsito vehicular y darle a la ciudadanía estos temas que son sociales.
Pero existen cuestionamientos de que a raíz de esta Ley se retirará presupuesto para lo social…
No, y es importante poder decirlo: no se va a quitar un solo centavo a los albergues para adultos mayores, no se les va a quitar un solo centavo a los albergues para perritos, gatitos, para los animalitos. Ni tampoco se va a cerrar ni una sola unidad educativa municipal. Este caos y esta zozobra y este miedo que están generando ciertos alcaldes y ciertos prefectos es justamente para poder desestabilizar y aquí es donde nosotros nos damos cuenta de cuál es el interés de ellos, a dónde apuntan. Ellos prefieren tener unos gobiernos autónomos, descentralizados, inflados, en lugar de darle obra y servicios a la ciudadanía.
Desde el Gobierno se afirma que el proyecto se socializó lo suficiente. Usted mantuvo una reunión con alcaldes un día antes de que se vote la Ley, ¿por qué no se hizo antes?
El jueves de la semana pasada yo mantuve la reunión acá en Guayaquil con más de 100 alcaldes, quienes nos dieron su respaldo; quienes dijeron que no le temen a la disciplina fiscal, y que estaban de acuerdo justamente que se pueda plantear este 70/30 para que la mayoría del presupuesto de las alcaldías y de las prefecturas vaya a la obra social. Esta reunión no fue parte de la votación del proyecto, porque tengamos en cuenta que la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), que aglutina a todos los cantones, tiene una presidenta que es la alcaldesa de Muisne, la señora Yuri Colorado, y ella estuvo reunida previamente y fue al debate dentro de la mesa legislativa que estaba tratando este tema. De la misma manera pasó con el presidente del Congope, presidente de las prefecturas, y ahí es donde se les explicó para que puedan ellos trasladar también estas inquietudes, si es que existían, a los prefectos y a los alcaldes. Todo se socializó, se habló con anticipación y esta reunión fue más un diálogo para seguir afinando estas alianzas que nosotros tenemos con las diferentes alcaldías del país. Es importante saber que del 2021 al 2024 solo el 43 % del presupuesto de las alcaldías y de las prefecturas fue destinado a la inversión, es decir, casi el 60 % fue malgastado y despilfarrado en piponazgo y fiestas.
La entrada en vigencia de la Ley ya deja los primeros anuncios de demandas de inconstitucionalidad, ¿cómo evalúa el Gobierno este escenario, le preocupan estas demandas teniendo el antecedente de otras leyes que fueron declaradas inconstitucionales?
No, para nada. No nos preocupa porque esta Ley está muy bien realizada. No tendrían argumentos los jueces de la Corte Constitucional para darles paso a estas demandas. Obviamente nosotros creemos en la democracia y si hay alguien que quiera demandar, pues nosotros esperamos que la CC piense, en el momento de hacer una resolución, en la ciudadanía, que es quien necesita de obras para las ciudades.
¿El Ministerio de Finanzas está en la capacidad de hacer el seguimiento al cumplimiento de esta norma, se verán sanciones inmediatas o un acompañamiento?
Ya el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un modelo de equidad territorial. ¿Qué significa esto?, que se les da a los alcaldes y a las prefecturas la forma para poder realizar sus planificaciones y la forma en la que tienen que administrar adecuadamente el gasto dentro de su gestión. Sin embargo, esta Ley es muy importante porque ordena y ahora el ministerio va a estar a cargo de revisar esto, y como dijo la presidenta de la AME, ya hubo una convocatoria para empezar con la capacitación para los alcaldes y decirles de qué forma pueden ellos hacer las diferentes planificaciones que se necesitan para los gobiernos autónomos descentralizados.
¿Cuál es la postura del Gobierno ante el escenario de que esta norma quizás se pueda convertir en una bandera política de la oposición, más ahora que tenemos las seccionales el otro año?
Bueno, una bandera tratando de generar caos, miedo, zozobra, pero la ciudadanía, que es con la que nosotros estamos todos los días, en los diferentes cantones y provincias, nos ha manifestado que está de acuerdo con esto, a pesar de que ciertas alcaldías y prefecturas hayan obligado a funcionarios a salir a hacer algún tipo de manifestación. Vimos que no tuvieron la magnitud que ellos hubieran esperado. Esta ley es para poder ordenar las finanzas públicas y que se invierta el presupuesto y el dinero de la gente para la gente, no para los bolsillos de ciertos actores políticos. La ciudadanía tiene que estar tranquila, nosotros, a diferencia de ellos, pensamos en la gente, no en un cálculo político. A nosotros nos escogieron para poder dar gobernabilidad.
Según proyecciones del Gobierno, ¿en qué tiempo se podrán ver los primeros efectos de esta Ley?
El proceso empieza desde el mes de julio aproximadamente con una revisión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y en el siguiente año ya se verá el tema de quiénes lo han aplicado y quiénes no.
¿Qué decirles a los alcaldes y prefectos que no están a favor de la norma y que pueden llegar a pensar que es una imposición?
No, no es ninguna imposición. Aquí lo único que se está pensando es en la gente y decirles a los alcaldes y a los prefectos que hagan una buena planificación, que el 70 % vaya realmente a la inversión social, a la obra que es el corazón de este proyecto económico y que el 30 % lo dejen para el gasto corriente.
La Asamblea se alista para la votación del proyecto urgente sobre minería, ¿hay los votos?
Sí, nosotros esperamos igual tener esta mayoría. Es un proyecto importante porque estamos luchando contra la minería ilegal, contra quienes realizan estas actividades ilícitas en el Ecuador. Nada nos va a detener. Nosotros sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Mafias que son quienes quieren impedir que el país salga adelante, sin embargo, necesitamos tener herramientas que realmente bloqueen a quienes realizan estas actividades ilícitas en el país.
¿El Ejecutivo tiene en planes otros proyectos económicos urgentes?
Por el momento no, no está pensado otro proyecto económico urgente. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades y las coyunturas que tenga el país, se analiza la posibilidad de enviar alguno.
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Fuente: El Universo