A través de un reporte oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina confirmó este miércoles la captura de un individuo vinculado a la organización Antifa en la Ciudad de Buenos Aires. El sujeto está acusado de proferir graves amenazas contra la integridad de la ministra Patricia Bullrich. El operativo fue ejecutado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, entidad que no solo efectuó el arresto, sino que también incautó armamento y diversos materiales relevantes para el expediente judicial.
El allanamiento tuvo lugar en una vivienda situada en el barrio porteño de Villa Crespo. En el sitio, los efectivos policiales lograron el decomiso de los siguientes elementos:
- Réplicas de fusiles de asalto AK-47.
- Cinco pistolas de distintos calibres y dos revólveres.
- Cuatro cascos tácticos de uso militar y máscaras antigás.
Adicionalmente, los investigadores hallaron cinturones cargados con municiones de grueso calibre, cuchillos de gran tamaño, dispositivos móviles, computadoras portátiles y equipos tecnológicos orientados al hackeo. También se detectaron insumos críticos como botellas de vidrio, cuerdas y materiales destinados a la elaboración de artefactos incendiarios tipo cóctel molotov.
En el inventario de lo secuestrado destacan banderas con insignias antifascistas, estandartes del movimiento Antifa y banderas de Palestina. Asimismo, se encontraron 12 pines que contenían mensajes intimidatorios dirigidos hacia el primer mandatario, Javier Milei, y otros integrantes del gabinete gubernamental.
Las pesquisas que derivaron en este operativo se remontan a mayo del año anterior, tras identificarse diversas publicaciones de carácter intimidatorio en una plataforma digital de videos y fotografías, las cuales habrían sido gestionadas por el ahora detenido.
En una de las entradas detectadas por la inteligencia policial, se mostraba la fotografía de Bullrich vinculada a discursos de odio, incluyendo la consigna directa:
“Muerte a los enemigos del pueblo”
De acuerdo con los reportes de las autoridades, el sospechoso cumplía funciones como promotor y nexo entre agrupaciones de jubilados y colectivos de izquierda radicalizada, interviniendo activamente en manifestaciones de respaldo a dichos sectores sociales.
La orden de detención fue emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, bajo la dirección del magistrado Ariel Lijo, con la participación de la Secretaría N°8.
El implicado, identificado como un ciudadano de nacionalidad argentina y 37 años de edad, fue puesto a las órdenes de la justicia. Enfrenta cargos formales por los delitos de “amenazas e intimidación pública”, mientras todos los objetos confiscados permanecen bajo resguardo judicial.
Investigación sobre difusión de tácticas de sabotaje
Este suceso se suma a la denuncia penal interpuesta la semana pasada contra la cuenta de Instagram denominada “Pedagogía para la acción”. Se acusa a este perfil de publicar material audiovisual extranjero que brindaba instrucciones “de manera concreta” para confeccionar herramientas punzantes conocidas como Miguelitos, diseñadas para inutilizar neumáticos y fomentar el caos en protestas callejeras.
El perfil en cuestión se define en su descripción biográfica como un “espacio de formación antifascista de la clase obrera”. En una de sus historias recientes, compartió un video originalmente en inglés que enseñaba la creación de herramientas de defensa casera utilizando materiales comunes como mangueras y clavos.
La acusación formal argumenta que dicho contenido carece de fines pedagógicos y constituye un llamado explícito al delito y al sabotaje, particularmente en el marco de las recientes tensiones y disturbios registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
La denuncia lleva la firma de Lisandro Manuel Franco, quien se desempeña como director de Normativa y Legislación del Ministerio. El documento subraya que estas publicaciones coinciden con el periodo en que el Ejecutivo ya había iniciado procesos legales por actos vandálicos ocurridos durante las sesiones legislativas extraordinarias.
Para las autoridades, resulta alarmante que la difusión de estos tutoriales, sumada a otras consignas del perfil que incentivan el “boxeo popular como resistencia” y la “lucha activa”, representen en realidad guías tácticas para confrontar de forma violenta a las fuerzas de seguridad en entornos de protesta.
Finalmente, la presentación judicial sostiene que el video clave de la investigación se complementa con gráficas que muestran a personas encapuchadas en escenarios de incendios, reforzando la tesis de que el sitio promueve una “formación doctrinaria e ideológica” fundamentada en el uso de la fuerza y métodos de acción directa.
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