Las administraciones gubernamentales de Costa Rica y Nicaragua han formalizado un acuerdo para llevar a cabo una sesión de trabajo de alto nivel, con el objetivo primordial de enfrentar el incremento de la minería ilegal de oro y las redes de contrabando que operan en la zona fronteriza que comparten ambas naciones.
Este importante anuncio, emitido por el Ejecutivo costarricense este miércoles, contempla la participación estratégica de los titulares de las carteras de Relaciones Exteriores y de Seguridad de los dos países. Aunque la voluntad de diálogo es firme, la ubicación exacta donde se desarrollará el encuentro binacional todavía no ha sido revelada por los canales oficiales.
De acuerdo con lo expresado por el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, la iniciativa surgió tras una petición formal extendida a su homólogo en Nicaragua, Valdrack Jaentschke. El funcionario nicaragüense aceptó con disposición el análisis conjunto de esta compleja realidad transfronteriza. El diálogo, que se prevé realizar físicamente en la región limítrofe, se centrará en el diseño de mecanismos de coordinación inmediata para “evitar que el oro costarricense sea transportado por el río San Juan”, un cuerpo de agua bajo soberanía de Nicaragua que actualmente es utilizado como una ruta clave para el comercio ilícito de minerales de alto valor.
La lucha contra el crimen organizado en el cordón fronterizo
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, ha puesto un énfasis particular en las dinámicas delictivas de los grupos conocidos como coligalleros. Según el balance oficial de Zamora, estas estructuras de minería clandestina extraen el recurso mineral en suelo costarricense para luego trasladarlo de forma ilegal a través del río San Juan.
Una vez en territorio nicaragüense, el material es procesado para su comercialización, generando beneficios económicos que no retornan al erario costarricense. Al respecto, el ministro Zamora fue enfático al declarar que:
“el robo del oro de los costarricenses lo llevan a cabo coligalleros que utilizan rutas de contrabando que pasan por el río San Juan”
El funcionario advirtió que este flujo irregular no es un hecho aislado, sino que representa un circuito transnacional consolidado que abarca desde la extracción primaria hasta el lavado de activos mediante el procesamiento de sedimentos mineros en el país vecino. Entre los puntos geográficos de mayor vulnerabilidad detectados por los cuerpos de inteligencia se encuentran la zona de Las Crucitas, situada en la provincia de Alajuela, y el cerro Las Conchuditas. En estos sectores se ha constatado la operación de redes de crimen organizado con logística suficiente para actuar de forma impune en ambos lados de la frontera.
Las Crucitas: Daño ecológico y parálisis legal
El enclave de Las Crucitas se mantiene como el foco central de la crisis minera. Su historial se remonta al año 2010, cuando la compañía de origen canadiense Infinito Gold intentó desarrollar un proyecto de extracción a cielo abierto. Aquella iniciativa fue frenada por la justicia de Costa Rica, que anuló las concesiones y dejó el área en un estado de desprotección legal que fue rápidamente capitalizado por la minería informal.
Actualmente, los mineros ilegales utilizan técnicas altamente contaminantes, destacando el uso indiscriminado de mercurio para la separación del oro. Esta práctica ha provocado severos daños ambientales en los ecosistemas fluviales y terrestres de la región norte, afectando directamente la salud pública de las comunidades locales. El Gobierno ha admitido que la degradación ambiental es crítica debido a las dificultades para mantener una vigilancia permanente en un área tan extensa.
Propuesta de reactivación y debate legislativo
Frente a este escenario de descontrol, la administración liderada por el presidente Rodrigo Chaves ha presentado una propuesta de ley que busca regularizar la actividad en Las Crucitas. El proyecto plantea un esquema de explotación supervisada mediante concesiones legales, donde el Estado costarricense obtendría un 5 % de las utilidades netas generadas por la extracción.
El modelo propuesto por el Ejecutivo sugiere centralizar las operaciones en una planta de procesamiento administrada por empresas privadas que ganarían el derecho de explotación a través de subastas públicas. No obstante, el Ministerio de Ambiente y Energía debe lidiar con la fuerte resistencia de colectivos ambientalistas y sectores políticos de oposición, quienes consideran que reactivar la minería, incluso bajo control estatal, conlleva riesgos ecológicos inasumibles para el país.
Trascendencia internacional del conflicto
La problemática ha dejado de ser un asunto meramente local para convertirse en una prioridad de la agenda de seguridad nacional e internacional. El mandatario Rodrigo Chaves ha confirmado su intención de elevar esta preocupación ante la comunidad internacional. Se espera que el caso sea expuesto durante la cumbre de líderes latinoamericanos que contará con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, programada para el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami.
Esta gestión diplomática busca resaltar que la minería ilegal y el tráfico de oro no solo afectan la economía, sino que comprometen la gobernabilidad y la estabilidad de la región, exigiendo una respuesta conjunta y decidida entre los países del hemisferio para desarticular las finanzas de las organizaciones criminales involucradas.
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