La Comisión de Soberanía Alimentaria avanza en el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario. En este marco, los profesionales Carlos Varela y Mauricio Chávez analizaron los límites para la fijación de precios, tema que constituyó el principal eje de discusión.
El experto Carlos Varela centró su exposición en la fijación de precios establecida en la Constitución, destacando tres aspectos: garantizar el acceso a servicios públicos, proteger la producción nacional y evitar el abuso de poder de mercado y las prácticas de competencia desleal. Estos tres motivos están constitucionalmente admitidos.
Por tanto, cualquier otra fijación de precios debe considerar los principios de excepcionalidad, necesidad y temporalidad.
Añadió que, al respecto, existen dos sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador: 2-23-PO/23 y 78-20-IN/25. En la primera, la Corte estableció que las políticas de precios y las ayudas públicas forman parte de las políticas públicas que corresponde definir al Presidente de la República.
Por lo expuesto, concluyó que los mecanismos rígidos para la fijación de precios, establecidos en el ámbito legal, podrían ser inconstitucionales; que la fijación de precios es una medida extrema que distorsiona el mercado y potencialmente genera escasez; que solo es admisible si persigue uno de los fines constitucionalmente reconocidos; y que la competencia para establecer políticas de precios es exclusiva de la Función Ejecutiva.
Por su parte, el académico Mauricio Chávez observó el contenido del artículo 19 del proyecto de ley, relativo al Registro Nacional de Productores Agropecuarios, que será obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas dedicadas a actividades agropecuarias en zonas rurales y periurbanas. Al respecto, recomendó revisar su creación, a fin de evitar la duplicidad de plataformas existentes.
Otro artículo comentado fue el relacionado con el derecho a la libertad asociativa. En este punto, señaló que, si todos los productores de una zona están asociados, pueden fijar un precio base unificado, evitando que la necesidad individual provoque la disminución de dichos precios.
Tras las observaciones, la presidenta de la mesa legislativa, Janina Rizzo, solicitó a los comisionados remitir las consultas a los invitados, para que estos presenten sus comentarios por escrito.
AM