La ex funcionaria perteneciente al Ministerio de Economía, Ornella Calvete, ha presentado un recurso de apelación contra el procesamiento emitido por el juez federal Sebastián Casanello. En su defensa, sostuvo con firmeza que los casi 700.000 dólares incautados en su propiedad no le pertenecen. Según sus declaraciones, las sumas de dinero halladas durante el registro de su vivienda en la calle México 55 eran, en su mayoría, propiedad de su progenitor, Miguel Ángel Calvete, y ya se encontraban en el inmueble antes de que ella se mudara al sitio.
Este hallazgo monetario se dio en el contexto de la investigación judicial por presuntos retornos y direccionamientos en las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Durante el procedimiento policial, los agentes localizaron dentro de un mueble la cantidad exacta de USD 695.457, además de $19.996.200 y 1.960 euros. La imputada ha remarcado que no conoce el origen pormenorizado de dicha masa de efectivo y que en ningún momento dispuso de esos capitales para gastos personales.
Desglose de la procedencia del dinero
A través de un escrito judicial entregado por su abogado defensor, Fernando Manzanares, la ex directora detalló de dónde provendrían los montos millonarios. El documento señala lo siguiente:
- Aproximadamente USD 600.000 habrían sido reclamados por una accionista de la firma INDECOMM SRL, empresa que fue fundada por su padre.
- Otra fracción del efectivo correspondería a su pareja sentimental, Javier Cardini, quien también fue apartado de sus funciones en el Palacio de Hacienda tras conocerse el escándalo.
- Una tercera parte sí sería de su propiedad, aunque bajo la figura de una donación formalizada por su padre mediante escritura pública.
Este proceso legal se activó a partir de la filtración de diversos audios que se atribuyen a Diego Spagnuolo, quien fuera director de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se aludía a una supuesta red de sobornos en la entidad. Si bien la defensa cuestiona la validez de estas grabaciones, tanto el magistrado Casanello como el fiscal Franco Picardi determinaron que existen pruebas independientes suficientes. Como consecuencia, a inicios de este mes se dictaron 19 procesamientos, afectando a Spagnuolo, al médico Pablo Atchabahian, a Miguel Ángel Calvete y a su hija.
La justificación sobre la presencia del dinero en el departamento es un eje fundamental en la apelación de Ornella Calvete. La mujer explicó que, en marzo de 2025, optó por dejar de viajar diariamente desde la localidad de Escobar hacia sus oficinas en el ministerio liderado por Luis Caputo.
Debido a este cambio, solicitó a su padre una vivienda disponible en la Ciudad de Buenos Aires. Inicialmente, ocupó un monoambiente en el piso 34 de la torre Ala Río, pero meses más tarde se trasladó a una unidad de tres ambientes en el mismo edificio para iniciar la convivencia con su pareja.
Advertencias y mensajes comprometedores
Según el descargo, antes de que ella se instalara, su padre le advirtió que había guardado dinero bajo llave en una cajonera, junto a otros bienes. Esta aclaración se habría producido mientras Miguel Ángel Calvete enfrentaba una situación judicial compleja por otra causa relativa a la explotación económica de la prostitución ajena, expediente por el cual se encuentra actualmente detenido. La hija asegura que su respuesta fue que no tocaría nada de lo almacenado allí.
“Por si entran acá y me ven con mosssca”
Para intentar probar su inocencia, la defensa entregó mensajes de noviembre donde se reportó una falsa alarma por un supuesto allanamiento. En dicho chat, la ex funcionaria consultó a su padre si su compañía contaba con “cash blanco” (dinero de origen legal) ante la presencia de policías afuera del edificio. La defensa subraya que, pese al nerviosismo, Ornella Calvete no movió los fondos, los cuales permanecieron intactos hasta el operativo oficial ejecutado en octubre de 2025.
En lo que respecta a su supuesta injerencia en el mercado de las droguerías, la acusada negó tener vínculos con la empresa de Ruth Noemí Lozano. A pesar de que la justicia interceptó mensajes donde ella afirmaba
“de Profarma no nos van a cagar porque es mi viejo”
, sus abogados sostuvieron que ella no posee acciones ni es empleada de dicha sociedad.
La hipótesis de la fiscalía apunta a que Ornella Calvete aprovechó su posición pública para favorecer negocios privados, facilitando información confidencial y promoviendo la contratación de personas ligadas a su padre, como Ruth Noemí Lozano y Patricia Canavesio. La ex funcionaria desestimó estas acusaciones, argumentando que las contrataciones fueron gestionadas por el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), un organismo donde ella asegura no tener peso técnico ni político. Finalmente, la Cámara Federal tendrá la responsabilidad de ratificar o anular el procesamiento.
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