En el marco del Consejo de Ministros desarrollado este martes 24 de febrero en la ciudad de Cartagena, el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, plasmó su rúbrica oficial en la iniciativa de carácter ciudadano que busca convocar a una asamblea nacional constituyente en el país vecino.
Esta acción gubernamental se produjo de forma paralela a la gestión de estrategias para mitigar el impacto del frente frío que azota diversas zonas del territorio colombiano. Durante la jornada de trabajo, los integrantes del gabinete presidencial procedieron también a suscribir el documento de solicitud formal.
Según la información difundida por los canales institucionales de la Presidencia, el respaldo a la iniciativa fue unánime. Entre los firmantes destacan Nhora Mondragón Ortiz, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); José Raúl Morneo, jefe de despacho; y los titulares de diversas carteras: Edwin Palma (Minas), Daniel Rojas (Educación), Helga María Rivas (Vivienda), Yannai Kadamani (Culturas), Diana Morales (Comercio) y Germán Ávila (Hacienda).
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien ha fungido como promotor de la propuesta desde sus etapas iniciales, reafirmó su postura. Durante el proceso de inscripción del comité promotor ante la Registraduría Nacional, Sanguino aseguró que la propuesta contaría con el beneplácito del denominado “Gobierno del Cambio”. Se tiene previsto que, una vez se instale la nueva legislatura del Congreso, se presente de manera formal el proyecto de ley necesario para avanzar con la convocatoria nacional.
Ruta legal y recolección de apoyos ciudadanos
El organismo electoral aprobó el comité ciudadano para esta iniciativa el pasado 30 de enero, otorgando luz verde para la captación de firmas. Para que este proceso prospere, se requiere recolectar aproximadamente 2′050.000 apoyos, cifra que representa el 5% del censo electoral de Colombia. Mientras los organizadores se han trazado el objetivo de alcanzar tres millones de rúbricas, el presidente Gustavo Petro ha elevado la expectativa, sugiriendo la meta de llegar hasta los diez millones.
El mandatario ha sostenido durante los últimos meses que la asamblea es necesaria para romper un “bloqueo institucional” que impide la ejecución de sus políticas y reformas sociales. Bajo su visión, este mecanismo será de “iniciativa popular”, permitiendo que la ciudadanía plantee propuestas que luego serán validadas por el comité gestor.
Sin embargo, el proceso no está exento de polémica debido a que coincide con el ciclo de comicios de 2026. El periodo de recolección de firmas se cruzará con las elecciones legislativas del 8 de marzo —donde se votarán también la Gran Consulta, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones— y con las presidenciales del 31 de mayo y el 21 de junio.
Análisis del marco jurídico constitucional
Respecto a la viabilidad legal, el constitucionalista Vicente Benítez, especialista con doctorado en la Universidad de Nueva York, aclaró que la Constitución de 1991 permite tres mecanismos para activar una asamblea: la vía ciudadana, la del Congreso o la del Ejecutivo, lo que valida jurídicamente la intención actual del Gobierno.
No obstante, el jurista especificó los estrictos pasos a seguir:
“Debe aprobarse por mayoría absoluta de las dos cámaras y pasar por el control de la Corte Constitucional. Luego, una tercera parte del censo electoral debe votar ‘sí’ a la convocatoria y, posteriormente, se eligen los delegatarios por voto popular”.
Según Benítez, estas etapas aseguran un filtro democrático profundo tanto en el legislativo como en las urnas antes de la conformación final.
El experto también hizo hincapié en la importancia del equilibrio de poderes en el sistema democrático. Argumentó que las transformaciones de gran calado requieren del acuerdo entre las distintas ramas del Estado: “Desde lo jurídico, no. Existe un principio fundamental que es la separación de poderes. Las decisiones profundas deben tomarse con el concurso de las demás ramas del poder. Si no se logra ese consenso, no se puede. Si se logra, muy bien, como ha pasado con iniciativas gubernamentales ya aprobadas. El punto es que no puede ser la voluntad de uno”.
Frente a la tesis del “bloqueo institucional” mencionada por el Ejecutivo, Benítez sostuvo que las dificultades en el trámite de leyes no habilitan automáticamente una salida extraordinaria:
“Sin embargo, no hay ninguna regla que señale que, si ha habido una deliberación suficiente y transparente y aun así no se logran mayorías, eso constituye un bloqueo. Eso es democracia”.
Para el académico, la falta de mayorías en el Congreso es una manifestación normal del sistema de representación política.
Finalmente, se advirtió sobre el peligro de desmantelar el pacto social vigente. El mayor riesgo, según Benítez, sería suprimir el logro jurídico más relevante de la historia contemporánea del país: la Constitución de 1991, un documento que nació de un diálogo diverso y de amplios consensos nacionales entre actores con visiones opuestas.
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