Durante la jornada de este martes, un bloque masivo conformado por decenas de entidades humanitarias internacionales ha anunciado la presentación de un recurso legal ante el Tribunal Supremo de Israel. Esta acción busca impugnar la orden oficial que exige el cese inmediato de sus labores en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Las organizaciones han interpuesto una solicitud de suspensión cautelar, advirtiendo que la ejecución de esta medida podría desembocar en un
«colapso humanitario»
y generar un
«daño irreparable»
para la salud y la supervivencia de «cientos de miles» de personas civiles.
El origen del conflicto: Exigencias de datos personales
La controversia legal se remonta a una decisión adoptada el pasado 30 de diciembre de 2025 por las autoridades gubernamentales. En una reciente rueda de prensa, las instituciones afectadas explicaron que el Estado «ordena el cese de sus actividades por negarse a proporcionar datos personales de contacto de miles de empleados y empleadas locales». Entre las demandantes principales se encuentran 17 organizaciones no gubernamentales de alto perfil, tales como Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo (AIDA).
El objetivo primordial de las peticionarias es «mantener la situación actual y evitar la expiración de su registro», además de frenar cualquier proceso de «deportación de personal extranjero» hasta que la justicia emita un veredicto final. Según las alertas emitidas, el proceso de cierre forzoso de estas entidades podría dar inicio el próximo 28 de febrero, con efectos devastadores que perjudicarían no solo a las ONG de forma individual, sino a la estructura global del sistema de asistencia.
Impacto en la subsistencia de la población
La situación es crítica, especialmente en la Franja de Gaza, donde la población civil depende casi exclusivamente de la ayuda externa debido a las constantes trabas en el ingreso de suministros y los ataques en áreas con alta densidad demográfica. Simultáneamente, en Cisjordania y Jerusalén Este, factores como las incursiones militares, el desplazamiento forzado, la destrucción de viviendas y la violencia vinculada a los asentamientos han disparado las necesidades humanitarias.
- Las ONG internacionales, junto a socios locales y agencias de la ONU, sostienen más del 50% de la ayuda alimentaria total en Gaza.
- El 60% de los hospitales de campaña que operan en la zona dependen de estas organizaciones.
- Casi el 75% de las tareas de refugio y distribución de artículos esenciales no alimentarios están bajo su coordinación.
- La totalidad de los tratamientos médicos para infantes con desnutrición aguda severa es cubierta por estas entidades.
- Financian más del 50% de la limpieza de explosivos y artefactos peligrosos.
- Sostienen el 30% de los servicios de educación en contextos de emergencia.
Obstáculos éticos y marcos legales internacionales
El ultimátum del 30 de diciembre de 2025 estipulaba que 37 organizaciones perderían su registro al día siguiente, dándoles apenas un margen de 60 días para abandonar sus operaciones, a menos que cumplieran con las nuevas normativas de registro israelíes. No obstante, las ONG han sido enfáticas al señalar que estas condiciones no pueden acatarse por ser inviables «desde el punto de vista legal y ético».
Para aquellas organizaciones regidas por normativas de la Unión Europea, la entrega de números telefónicos y datos privados de sus trabajadores a las autoridades de seguridad israelíes implicaría una «infracción penal y administrativa». La defensa legal se ampara en el precedente Schrems II del Tribunal de Justicia de la UE, que veta el envío de datos a jurisdicciones que no garantizan una supervisión judicial independiente sobre sus servicios de inteligencia.
Adicionalmente, los demandantes aseguran que esta exigencia atenta contra el principio de minimización de datos y pone en riesgo la integridad física del personal. Argumentan firmemente que
«convertir a organizaciones humanitarias en un brazo de recopilación de información de una de las partes en el conflicto contradice frontalmente el principio de neutralidad»
.
Cuestionamiento a la autoridad de Israel
El recurso legal califica la orden de cese como «nula», acusando a la administración de actuar con «dilaciones indebidas y falta de buena fe». Los asesores jurídicos de las ONG sostienen que el Gobierno ha incurrido en una «extralimitación grave sin base legal expresa», ya que sus facultades se limitan a trámites administrativos de visados y no a la prohibición general de actividades humanitarias.
Un punto clave del alegato se basa en el Anexo Civil de los Acuerdos de Oslo, que establece que la responsabilidad de registrar y supervisar a las ONG en territorios de la Autoridad Palestina recae exclusivamente sobre la parte palestina, por lo que Israel «carece de autoridad» para decretar estos cierres. Asimismo, invocan el IV Convenio de Ginebra en su artículo 63, el cual obliga a la potencia ocupante a permitir el libre ejercicio de las sociedades de socorro y a garantizar el abastecimiento de alimentos y servicios médicos esenciales para la población civil.
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