La Comisión de Seguridad Integral, en la sesión del martes 24 de febrero, recibió observaciones de delegados del Ministerio de Salud y de la Corte Nacional de Justicia, previo al informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario frente a la Criminalidad Organizada y Transnacional.
El director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, Lucas Salazar, planteó recomendaciones en tres ejes: la precisión de funciones del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria para evitar inconsistencias normativas; la incorporación formal de los centros de máxima seguridad dentro de la clasificación establecida en el Código Orgánico Integral Penal; y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, incluyendo al MSP en traslados hospitalarios de personas privadas de libertad de alta peligrosidad. En ese caso enfatizó que estos procedimientos implican tanto medidas de seguridad como la garantía de derechos fundamentales. También propuso ajustes de técnica legislativa en la reforma relacionada con el uso legítimo de la fuerza para mantener coherencia normativa.
Salazar reiteró que estas observaciones buscan fortalecer el proyecto, reforzar la seguridad jurídica y garantizar la protección de derechos en el contexto del combate a la criminalidad organizada.
Por su parte, el representante de la Corte Nacional de Justicia, Gastón Velásquez, subdirector de asesoría técnica, destacó que el proyecto constituye un esfuerzo necesario para reorganizar y especializar la administración del sistema penitenciario frente a la actual realidad de seguridad del país. Presentó observaciones dirigidas a fortalecer las decisiones judiciales para mejorar la aplicación normativa.
Entre ellas, observó la importancia de que los informes de instituciones como Fuerzas Armadas y Fiscalía General del Estado puedan ser considerados por los jueces en los procesos de ejecución de penas, a fin de garantizar resoluciones debidamente fundamentadas. Asimismo, recomendó definir con claridad principios incluidos en el proyecto, como progresividad, proporcionalidad y necesidad reforzada, para evitar ambigüedades legales.
Finalmente, el delegado sugirió ajustar la disposición transitoria que establece el plazo para la revisión de casos por parte de jueces de garantías penitenciarias, proponiendo que este período inicie una vez emitidos los reglamentos y protocolos necesarios para la aplicación de la ley, asegurando así el cumplimiento del deber constitucional de motivación de las sentencias.
Las intervenciones coincidieron en que las observaciones buscan perfeccionar el proyecto de ley mediante una mejor técnica legislativa y mayor claridad normativa, contribuyendo a una aplicación efectiva del sistema penitenciario y al fortalecimiento del Estado de derecho en la lucha contra la criminalidad organizada.
JC