El viernes pasado fue anunciada la decisión ansiosamente esperada de la Corte Suprema de Estados Unidos, sobre el principal instrumento de política económica internacional aplicado por la Casa Blanca. La Corte confirmó que los aranceles son impuestos y que sólo el Congreso tiene la potestad de imponerlos. Por ende, el presidente no tiene ninguna autoridad para imponer aranceles en tiempos de paz.
El Wall Street Journal (02|21-22|26) describió la decisión como “una reivindicación monumental de la separación de poderes de la Constitución.” Pero quedaron muchas preguntas sin respuesta, al punto que la decisión puede aumentar la incertidumbre que ha caracterizado la imposición de aranceles por la Casa Blanca. Por ejemplo, la Corte no dijo si los casi $200,000 millones cobrados por el Tesoro por los aranceles aprobados deben ser rembolsados a los importadores y| a los consumidores. La decisión de la Corte también está generando muchas preguntas entre aquellos gobiernos que firmaron acuerdos comerciales con Estados Unidos, incluyendo aranceles más elevados y promesas de inversión. En varios casos algunos de estos acuerdos deben ser ratificados por las legislaturas de esos países, lo cual significa que aún no son obligatorios.
Aumentando la incertidumbre, la reacción del presidente Donald Trump, además de criticar la decisión y algunos de los jueces, consistió en el anuncio inmediato, basándose en otras leyes, de aranceles adicionales de 10 por ciento, aumentados al siguiente día a 15 por ciento.
*Analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.