El Ejecutivo español ha dado luz verde para que salgan a la luz pública los expedientes reservados referentes a la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Esta documentación, que se encuentra bajo la custodia de los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa e Interior, será accesible tras la aprobación de su desclasificación por parte del Consejo de Ministros este martes. Se espera que la resolución sea efectiva tras su aparición en el Boletín Oficial del Estado prevista para este miércoles, facilitando su difusión posterior a través del portal digital de La Moncloa.
En total, se pondrán a disposición de los ciudadanos 153 unidades documentales, lo que representa el conjunto íntegro de los fondos que permanecían clasificados dentro de la Administración Central sobre el 23F. Los procesos técnicos para su divulgación ya se han puesto en marcha, centrándose en la recopilación y digitalización de los archivos que reposan en las tres carteras ministeriales citadas. Una vez procesados por los funcionarios correspondientes, el material será enviado a la Presidencia del Gobierno para su publicación definitiva.
El objetivo de esta medida es permitir que tanto la ciudadanía como investigadores e historiadores puedan examinar de forma directa transcripciones de diálogos, informes de carácter oficial y algunas piezas gráficas vinculadas a los sucesos de 1981. Estos registros han estado protegidos durante más de cuatro décadas por la legislación de secretos oficiales vigente hasta el momento.
Desde el entorno de la Moncloa han indicado que el gabinete no ha realizado una inspección pormenorizada previa de los archivos que serán liberados. Según fuentes gubernamentales, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tampoco conoce los detalles específicos de los textos, aunque existe una plena seguridad de que su apertura no compromete la seguridad nacional ni afecta negativamente los intereses primordiales del Estado español.
Antes de que la noticia se hiciera pública, el Gobierno cumplió con el protocolo de informar a la Casa Real sobre la intención de proceder con esta desclasificación. Esta acción se enmarca en la cortesía y práctica habitual ante decisiones que poseen una gran relevancia institucional para el país.
Expedientes de inteligencia y gestión administrativa
El grueso de la información proviene de los archivos de Defensa, Interior y Exteriores, departamentos que centralizaron la actividad oficial tras el golpe y su posterior seguimiento. Se prevé que entre los materiales figuren informes elaborados por los servicios de inteligencia, aunque el alcance y volumen exacto de estos se determinará al concluir las labores de compilación actuales.
El soporte mayoritario de estos fondos es el escrito. Las autoridades consideran que es poco probable hallar grabaciones originales en estos archivos clasificados; por ello, la documentación se basará fundamentalmente en informes internos de la crisis y transcripciones de las comunicaciones que se registraron en aquel periodo y los meses subsiguientes.
Elma Saiz, ministra portavoz, ha defendido que este paso es fundamental para que España nivele su política de transparencia histórica con otros estados de la Unión Europea, que ya han levantado el secreto sobre episodios históricos de impacto comparable. Para el Gobierno, el transcurso de 45 años representa un margen temporal suficiente para permitir el escrutinio público de estos hechos históricos.
Esta resolución se inserta en una hoja de ruta gubernamental más amplia que busca impulsar la futura Ley de Información Clasificada, la cual se encuentra actualmente en fase de trámite en las Cortes. Se confía en que la apertura de los secretos del 23F sirva de precedente para normalizar el acceso a documentos históricos y facilitar el avance de la nueva normativa legal.
El expediente judicial no forma parte de la publicación
Es importante aclarar que la información que se publicará excluye el sumario judicial del proceso por el 23F. El Gobierno ha puntualizado que dichos documentos no tienen la condición de material clasificado por el Ejecutivo y, por consiguiente, no están afectados por el acuerdo del Consejo de Ministros.
Los 89 legajos que conforman ese sumario judicial están bajo la tutela del Tribunal Supremo. Su consulta no depende del Gobierno, sino de los criterios y regulaciones propios de la judicatura. Cabe destacar que, desde que estos archivos están en el alto tribunal, ya se han concedido diversos permisos para su revisión por parte de profesionales de la comunicación y la historia con fines investigativos.
Finalmente, el Ejecutivo reitera que la omisión de este sumario obedece a su naturaleza estrictamente jurídica y no supone una restricción en la transparencia del proceso. La publicación que se prepara cubrirá la totalidad de la documentación que aún mantenía el sello de secreta en las dependencias de los ministerios identificados.
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