En una nueva jornada legislativa, la Asamblea Legislativa de El Salvador determinó dar continuidad a las medidas especiales de seguridad. Con una mayoría de 57 votos a favor y solamente uno en contra, el pleno aprobó una nueva extensión de treinta días para la suspensión de diversas garantías constitucionales bajo el denominado Régimen de Excepción. Esta estrategia, que se ha mantenido vigente desde marzo de 2022, busca salvaguardar la integridad física, la moral y la salud de la ciudadanía salvadoreña, según detallan los documentos oficiales presentados ante el Congreso.
La iniciativa, que contó con el respaldo previo y unánime del Consejo de Ministros, fue sustentada por el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Héctor Gustavo Villatoro. El propósito central es preservar los niveles de seguridad que han permitido una drástica reducción en la tasa de homicidios en la nación centroamericana. Actualmente, las restricciones se enfocan específicamente en los derechos establecidos en la Constitución bajo el artículo 12 inciso 2º (derecho de defensa), el artículo 13 inciso 2º (plazos de detención administrativa) y el artículo 24 (relacionado con la inviolabilidad de la correspondencia).
Marco legal y respaldo jurídico
El sustento legal para esta prórroga se encuentra estipulado en el artículo 30 de la Constitución de la República. Dicho apartado normativo señala textualmente:
“El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron”.
Asimismo, el texto legal aclara que, en caso de no emitirse un nuevo decreto, las garantías suspendidas quedan restablecidas de forma automática por pleno derecho.
Por su parte, la Sala de lo Constitucional ha ratificado la legalidad de estas extensiones sucesivas. Según la sentencia 21-2020AC de dicho tribunal, existe la posibilidad de prolongar de manera razonable la suspensión de derechos fundamentales mediante decretos que no superen los 30 días cada uno. La Sala enfatizó que:
“del texto de esa frase del art. 30 Cn. no se infiere que la prolongación deba limitarse por una sola vez… la prórroga debe respetar el límite temporal máximo de vigencia del decreto de adopción del régimen de excepción, pero en modo alguno debe entenderse que las prórrogas sucesivas están prohibidas”.
En el ámbito internacional, el Gobierno subraya que diversos tratados de derechos humanos facultan a los Estados para adoptar medidas extraordinarias en situaciones de peligro público o emergencias que comprometan la seguridad nacional. Las autoridades recalcan que el Régimen de Excepción no es una herramienta contra la delincuencia común, sino un mecanismo necesario para enfrentar un fenómeno criminal de características inéditas en el contexto global.
Estadísticas y resultados del operativo
Los indicadores oficiales muestran lo que el Gobierno define como un éxito sin precedentes contra el terrorismo y el crimen organizado. De acuerdo con los informes presentados por el Ministerio de Seguridad, la implementación de estas políticas ha facilitado la detención de más de 91,300 terroristas, logrando una caída histórica en los indicadores de violencia letal.
En el marco del debate parlamentario, la diputada Elisa Rosales, representante de Nuevas Ideas, destacó que El Salvador acumula un total de 1,140 días sin homicidios. Rosales desglosó cifras recientes que muestran la tendencia: el mes de diciembre de 2025 concluyó con 26 días sin muertes violentas, mientras que enero de 2026 cerró con 27 jornadas en cero y en lo que va de febrero ya se contabilizan 20 días sin víctimas mortales por violencia criminal.
La legisladora Rosales enfatizó el impacto positivo en otros sectores del país al afirmar que
“Esto no sería posible sin la seguridad. Según datos más recientes somos líderes regionales en turismo”
. Además, la parlamentaria fue enfática al declarar que en el nuevo El Salvador los delincuentes han perdido su espacio de operación.
Finalmente, el argumento principal para mantener la vigencia del régimen es el peligro latente de que las pandillas intenten reestructurarse. Las autoridades informaron sobre la captura de individuos con intenciones de reorganizar células criminales, a quienes se les incautaron drogas, armas de fuego y otros elementos ilícitos. También se reportaron operativos en viviendas destinados a detectar personas que intentan borrar tatuajes o marcas vinculadas a las pandillas para evadir la justicia. El decreto reafirma que esta medida se toma “en beneficio del derecho a la vida, la seguridad física y la propiedad de los salvadoreños”.
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