Este lunes, la Corte Penal Internacional (CPI) dio inicio en La Haya a las audiencias fundamentales para la confirmación de cargos contra el expresidente filipino, Rodrigo Duterte. Este procedimiento marca el primer paso formal hacia un posible juicio por crímenes de lesa humanidad, derivados de su violenta estrategia gubernamental contra el narcotráfico. Durante la sesión, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang señaló que el exjefe de Estado tuvo un rol protagónico en las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos sospechosos de consumir o traficar sustancias ilícitas.
“autorizó asesinatos y seleccionó personalmente a algunas de las víctimas”
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Duterte, quien actualmente tiene 80 años, no compareció en la sala de audiencias. El exmandatario presentó una renuncia por escrito a su derecho de presencia, justificando su inasistencia bajo el argumento de encontrarse “viejo, cansado y frágil”.
Detalles de la acusación y cifras de víctimas
La Fiscalía imputa formalmente a Duterte por tres cargos específicos de crímenes contra la humanidad, los cuales documentan al menos 76 fallecimientos directos. El desglose de los cargos se divide cronológicamente de la siguiente manera:
- Primer cargo: 19 asesinatos perpetrados entre 2013 y 2016, periodo en el que se desempeñaba como alcalde de la ciudad de Davao.
- Segundo cargo: 14 ejecuciones de los denominados “objetivos de alto valor” durante el inicio de su presidencia, entre 2016 y 2017.
- Tercer cargo: 43 muertes registradas en redadas contra consumidores de bajo perfil durante el resto de su administración (2016-2022).
El fiscal Niang advirtió que estos casos son solo una representación mínima de la tragedia total. Mientras que las cifras oficiales de Filipinas reconocen cerca de 6.000 fallecidos, las estimaciones de la CPI sugieren que el número real de víctimas civiles podría oscilar entre las 12.000 y 30.000 personas.
Un proceso previo al juicio formal
Es importante destacar que las sesiones programadas para los días 23, 24, 26 y 27 de febrero no representan el juicio en sí. Se trata de una fase preliminar donde la Fiscalía, la defensa y los representantes legales de las víctimas exponen sus pruebas ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Una vez finalizadas las comparecencias, los magistrados tendrán un plazo de 60 días para decidir si confirman los cargos. En caso afirmativo, la causa será elevada a una Sala de Primera Instancia para iniciar el juicio formal.
Por su parte, la defensa técnica liderada por el abogado Nicholas Kaufman ha rechazado tajantemente los señalamientos, calificándolos como “totalmente insuficientes” y asegurando que obedecen a “consideraciones políticas”. Kaufman sostiene que las agresivas declaraciones de Duterte eran simple retórica de seguridad y no órdenes directas.
“Vamos a demostrar que estos discursos no manifiestan intención criminal alguna”
Obstáculos legales y detención de Duterte
El camino hacia la justicia internacional ha estado lleno de complicaciones. La CPI inició sus indagaciones en 2018 tras múltiples denuncias de organizaciones de derechos humanos. En un intento por evitar el procesamiento, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, aunque el tribunal ratificó su competencia sobre delitos cometidos mientras el país aún era miembro pleno.
La captura de Duterte ocurrió finalmente en Manila durante el mes de marzo de 2025, bajo el mandato de Ferdinand Marcos Jr. Su posterior traslado a La Haya fue cuestionado por sus abogados, quienes denunciaron que fue “introducido por la fuerza en un avión en flagrante contravención de la Constitución” filipina. Actualmente, el procesado se encuentra recluido en el centro de detención de la CPI en Scheveningen.
Incluso el inicio de estas audiencias sufrió demoras; en septiembre de 2025, la defensa alegó un presunto deterioro cognitivo del acusado. No obstante, tras una evaluación exhaustiva realizada por un panel de expertos en neurología geriátrica y psiquiatría forense, el tribunal dictaminó en enero de 2026 que el expresidente “puede ejercer de forma efectiva sus derechos procesales”.
Reacciones de las víctimas y activistas
El ambiente a las afueras del tribunal estuvo marcado por la presencia de manifestantes a favor y en contra del exmandatario. Patricia Enriquez, investigadora de 36 años presente en La Haya, describió la jornada como un “momento histórico”. Simultáneamente, en Manila, decenas de familias que perdieron a sus seres queridos siguieron la transmisión en vivo. Gloria Sarmiento, pareja de una de las víctimas, lamentó la ausencia física del acusado sugiriendo que “quizá no quiere asumir sus pecados”. Para los defensores de derechos humanos, este proceso en La Haya es la última esperanza de justicia, dado que los tribunales locales nunca procesaron a Duterte por estos hechos.
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