El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha resuelto extender por un periodo de seis meses adicionales la etapa de instrucción del denominado ‘caso Koldo’. Esta determinación, que busca profundizar en las pesquisas sobre la presunta red de corrupción, abre la puerta a que se produzcan “nuevas imputaciones” en el futuro cercano, según consta en la resolución judicial. La medida responde directamente a la ingente cantidad de material probatorio que aún debe ser procesado por los peritos y autoridades competentes.
La labor investigativa liderada por el juez Moreno se concentra actualmente en el análisis minucioso del “numeroso material incautado” durante las diversas diligencias realizadas. Este acervo incluye una vasta colección de archivos documentales, efectos personales, importantes sumas de dinero en efectivo y evidencias digitales extraídas de dispositivos tecnológicos como teléfonos inteligentes, ordenadores y unidades de almacenamiento masivo. El escrutinio detallado de estos elementos resulta fundamental para definir el curso de las siguientes etapas procesales y determinar si existen méritos para vincular a más implicados al proceso.
Secreto de sumario sobre finanzas y pagos en efectivo
De forma complementaria a la prórroga de la causa principal, la semana anterior se confirmó que el magistrado mantuvo hasta el mes de marzo el carácter reservado de una pieza separada del caso. En dicho expediente se custodia la información remitida por el PSOE referente a diversos pagos efectuados en efectivo entre los años 2017 y 2024, destinados supuestamente a la cobertura de gastos anticipados. Este escenario se desarrolla mientras figuras políticas como Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, han instado públicamente al Gobierno a desclasificar los datos vinculados a esta trama de corrupción.
El trasfondo de este complejo proceso judicial se remonta a la presunta adquisición irregular de mascarillas sanitarias durante el periodo más crítico de la pandemia. A esta línea de investigación se integró recientemente, a inicios de febrero, un expediente remitido por el Tribunal Supremo sobre supuestos amaños en contratos de obra pública. Esta derivación del caso cobró fuerza tras la renuncia a su escaño del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien actualmente cumple prisión provisional desde el pasado mes de noviembre, junto a su antiguo asesor, Koldo García.
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