La crisis dentro del sistema penitenciario venezolano se agudiza tras el anuncio de que más de 200 presos políticos mantienen una huelga de hambre activa. Esta medida de presión ha puesto el foco sobre los ciudadanos extranjeros detenidos en el país vecino, especialmente un grupo de más de 80 colombianos que se encuentran recluidos en diversos centros, con una mayor concentración en la cárcel de El Rodeo I.
El lunes 23 de febrero de 2026, la coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), Andreina Baduel, ratificó que el personal internacional bajo custodia se ha plegado a la protesta. Según las declaraciones de la activista, la huelga es un acto en defensa de la dignidad y una exigencia directa para obtener celeridad en los procesos de excarcelación. Baduel puntualizó de forma contundente:
“Debemos decir que los presos políticos extranjeros se sumaron a esta huelga, incluso los colombianos”
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La situación médica de los huelguistas genera una alerta roja entre las organizaciones de derechos humanos. Se estima que más de 50 detenidos se encuentran en condiciones de salud sumamente precarias. Entre los casos más preocupantes figuran personas de la tercera edad, con más de 70 años, que permanecen en el centro penitenciario El Rodeo. La vocera del Clipp insistió en que el desgaste físico es evidente y que se requiere una respuesta de carácter humanitario de forma inmediata.
Dentro del pliego de condiciones de los internos, se encuentra la solicitud formal de permitir el ingreso del cardenal Baltazar Porras a las instalaciones carcelarias. Del mismo modo, exigen el acompañamiento constante de la Cruz Roja. Andreina Baduel subrayó que tanto los prisioneros como sus allegados ven en la observación internacional la única garantía real para proteger su integridad física y sus vidas durante este proceso de protesta.
En este contexto, la Cruz Roja Venezolana comunicó el pasado domingo 22 de febrero que iniciará protocolos de asistencia y chequeos médicos exhaustivos para todos aquellos reclusos que logren su libertad. Esta intervención busca mitigar la vulnerabilidad extrema a la que han sido sometidos los detenidos.
Por su parte, familiares de los afectados han alzado su voz ante la comunidad internacional. Teresa Mise Durá realizó una declaración pública en la que urgió a las autoridades de su país a intervenir:
“Hoy alzo mi voz por los colombianos detenidos en Rodeo Uno. Están en huelga de hambre y de agua, no les quedó otra forma para ser escuchados. Hago un llamado urgente al gobierno colombiano, un llamado humano y solidario. Son colombianos, son seres humanos, necesitan ayuda, necesitan su libertad”
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La Ley de Amnistía y el panorama político
La presión social y carcelaria por la libertad de los detenidos ha escalado tras la ratificación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional. Dicha normativa fue promovida por Delcy Rodríguez luego de los sucesos del 3 de enero de 2026, fecha en la que Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas de los Estados Unidos.
Desde el traslado de Maduro y su cónyuge a territorio estadounidense para enfrentar cargos vinculados al narcotráfico, Rodríguez ha liderado el país bajo una vigilancia estrecha de la administración de Donald Trump. El gobierno norteamericano ha sido enfático en exigir reformas profundas y la liberación total de quienes son considerados presos políticos por instancias internacionales.
La legislación fue aprobada de manera unánime por el parlamento y ofrece un marco de amnistía para los procesados en trece crisis políticas registradas entre los años 2002 y 2025. No obstante, la normativa es clara en sus restricciones: quedan excluidos del beneficio quienes estén señalados por incentivar acciones armadas extranjeras contra el Estado venezolano, así como efectivos de seguridad que posean condenas por delitos de terrorismo.
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