Una grave acusación penal ha sido interpuesta por Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, ante la Fiscalía General de la Nación. La denuncia señala directamente a figuras de alto perfil, entre ellos el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, el actual ministro Armando Benedetti, la senadora Sol Berenice Bedoya y el secretario general de Findeter, Iván Ramírez Rusinque. Los delitos señalados incluyen presunto tráfico de influencias, cohecho e interés indebido en la ejecución de contratos estatales.
A través de canales digitales, el denunciante detalló que este proceso legal busca desmantelar una supuesta estructura de favores políticos. Según la acusación, se habrían otorgado contratos millonarios y realizado nombramientos estratégicos de familiares a cambio de garantizar el respaldo en el Congreso para las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
En sus declaraciones públicas del domingo 22 de febrero, Enciso manifestó mediante su cuenta oficial en la red social X:
“He denunciado penalmente a Luis Fernando Velasco, Sol Berenice Bedoya, Armando Benedetti e Iván Ramírez Rusinque por presunto tráfico de influencias, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos”.
El exfuncionario adelantó que presentará pruebas adicionales que confirmarían un esquema de irregularidades dentro de la entidad Findeter.
Intercambio de votos por control institucional y presupuesto
La denuncia sostiene que los hechos se desarrollaron durante el transcurso de los años 2024 y 2025. Enciso argumenta que, en ese lapso, la senadora Bedoya habría recibido propuestas y beneficios por parte de los titulares del Ministerio del Interior —primero Velasco y posteriormente Benedetti— con el fin de asegurar su voto positivo para las reformas pensional, laboral y de salud que promueve la administración de Gustavo Petro.
Sergio Mesa, quien se desempeñó como asesor legislativo de la congresista, rindió testimonio ante la Fiscalía indicando que Luis Fernando Velasco ofreció a la senadora el manejo de la Dirección Nacional de Bomberos y de Finagro. Adicionalmente, se menciona una negociación para una adición presupuestaria superior a los $3.500 millones de pesos destinada a una obra de acueducto en el municipio de Yarumal, Antioquia. Dicho proyecto, financiado por Findeter, contaba con un contrato principal aproximado de $10.000 millones de pesos, adjudicado el 3 de mayo de 2024.
El material probatorio incluye capturas de conversaciones de WhatsApp y documentos que evidenciarían encuentros entre Bedoya, Mesa y delegados de los ministerios de Vivienda y de Findeter. El objetivo de estas reuniones habría sido la vigilancia de los procesos de licitación. Se acusa a la senadora de gestionar información de carácter confidencial sobre los proponentes en la obra de Yarumal.
Nombramientos de familiares bajo la lupa
Otro de los pilares de la denuncia de Camilo Enciso es el presunto nepotismo. Según el exsecretario, parientes cercanos de Sol Berenice Bedoya obtuvieron cargos o contratos en el sector público en fechas que coinciden con votaciones clave en el legislativo.
Dentro del listado de beneficiarios se encuentran:
- Johan Steven Londoño (yerno): nombrado subgerente de proyectos en el Fondo de Adaptación.
- María Alejandra Torres (nuera): contratada para la supervisión de proyectos en la región de La Mojana.
- Julián David Bedoya y Jessica Valeria Casas (hijos): quienes habrían suscrito contratos de prestación de servicios con el Ministerio del Interior bajo la administración de Armando Benedetti a finales del año 2025.
Sobre estos hechos, Enciso fue enfático al señalar:
“desde el Ministerio del Interior, con Benedetti a la cabeza, no deja de sorprender que se haya contratado a los dos hijos de la senadora justo por la época en la que se discutía la reforma a la salud”.
El denunciante reiteró que posee evidencia sobre la filtración de pliegos de licitación a terceros con el objetivo de direccionar la adjudicación de los contratos.
El proyecto en Yarumal y el alcance de las irregularidades
El punto neurálgico del caso es la construcción de la línea de aducción Santa Juana del acueducto de Yarumal, un proyecto valorado exactamente en $9.533 millones de pesos. La tesis de la denuncia es que el apoyo de la senadora Bedoya a las leyes estructurales del Gobierno fue la moneda de cambio para obtener la financiación estatal y el control de esta obra ejecutada por Findeter.
Pocos días después de que el contrato fuera otorgado, aparecieron pancartas en el municipio agradeciendo públicamente la gestión de la senadora, lo que para Enciso representa una prueba del manejo previo de la licitación.
“La corrupción en los procesos contractuales de Findeter es descomunal”,
sentenció el exsecretario de Transparencia, quien además alertó que la dimensión de este escándalo podría superar a casos previos como el de la UNGRD, debido al alto flujo de capital que administra la entidad financiera.
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