En una jornada marcada por la transición política en el país caribeño, el legislador oficialista Jorge Arreaza confirmó que se ha otorgado la amnistía a 379 presos políticos. Este procedimiento se deriva de la reciente promulgación de la Ley de Amnistía, la cual recibió el respaldo unánime de la Asamblea Nacional tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.
Durante una intervención en televisión, Arreaza —quien lidera la supervisión de este proceso— detalló que el Ministerio Público ya remitió las peticiones de libertad a las instancias judiciales correspondientes. Según el cronograma oficial, las salidas de los centros de reclusión, distribuidas en 371 casos en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y 1 en Monagas, deberían ejecutarse
“entre esta noche (viernes) y mañana por la mañana (sábado)”
.
Mientras se espera el cumplimiento de esta orden, grupos de familiares permanecen apostados a las afueras de diversos recintos carcelarios y centros de detención del país. Este avance ocurre bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cuya administración ya había otorgado medidas de libertad condicional a otros ciudadanos luego de la intervención estadounidense que culminó con la detención de Maduro.
Seguimiento y vigilancia del proceso
A pesar de los anuncios, organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen la cautela. La ONG Foro Penal señaló que su registro previo contabilizaba aproximadamente 600 personas privadas de libertad por razones políticas. En este sentido, Alfredo Romero, director de la entidad, subrayó que la aplicación de la normativa no sucede de forma automática, pues depende enteramente de la gestión de los tribunales, órganos que han sido cuestionados por actuar como instrumentos de represión.
Para garantizar el cumplimiento de la ley, la Asamblea Nacional instaló formalmente este viernes una comisión especial. Dicho grupo está encabezado por Jorge Arreaza y cuenta con la participación de la diputada opositora Nora Bracho en la vicepresidencia. Esta delegación tiene la potestad de evaluar expedientes que no fueron integrados inicialmente en el texto legal.
Desde su instauración, la comisión se declaró en sesión permanente y estableció canales de comunicación con la Defensoría Pública, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público. El objetivo es evitar dilaciones burocráticas. Por su parte, Delcy Rodríguez ha demandado rapidez en la revisión de los casos pendientes, mientras que la comisión se comprometió a vigilar que el plazo máximo de quince días para responder a cada solicitud sea respetado estrictamente.
Ampliación del alcance legal
Arreaza aclaró que este mecanismo operará por áreas estratégicas y mantendrá un carácter pedagógico para que la población comprenda los pasos del proceso. Recalcó que la comisión funciona como un ente de control político para asegurar la celeridad y no como una justicia paralela.
Simultáneamente, el Foro Penal informó que consignará ante el Parlamento un listado adicional con 232 casos de detenciones políticas para que sean incluidos en los beneficios de la normativa vigente.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la mencionada ONG, explicó que la meta es prevenir que víctimas de violaciones a los derechos humanos sean excluidas tras el cambio de administración. El documento será entregado formalmente una vez que la ley aparezca publicada en la Gaceta Oficial.
Es importante destacar que la legislación contempla un rango temporal que abarca desde 1999 hasta 2026. No obstante, la norma especifica 13 momentos críticos que inician en el año 2002, lo que genera vacíos para detenciones ocurridas en un lapso de quince años dentro de las últimas casi tres décadas. Asimismo, quedan excluidos los procesos vinculados a acciones militares, aunque la comisión tiene la facultad de sugerir medidas alternativas para estos casos específicos.
Históricamente, miles de ciudadanos fueron encarcelados bajo señalamientos de conspiración contra el gobierno de Maduro. Actualmente, tras el respaldo de Estados Unidos al nuevo mando, la administración de Rodríguez mantiene una alineación con Washington, que supervisa las exportaciones de crudo. Sobre esto, el mandatario estadounidense Donald Trump ha manifestado que una parte de los ingresos por dichas ventas será percibida por Estados Unidos.
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