La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una serie de recomendaciones fundamentales dirigidas a los Estados miembros con el objetivo de asegurar una participación igualitaria de las personas con discapacidad en la esfera política. Entre las propuestas destacan la reserva de escaños, la implementación de normativas de accesibilidad de cumplimiento obligatorio y la erradicación del estigma y el capacitismo, promoviendo además el acceso a la formación política y el desarrollo de liderazgos.
Barreras en el acceso al poder público
En el informe titulado ‘Participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política y pública’, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass, advierte sobre los obstáculos críticos que enfrenta este colectivo. Según el documento:
«existen importantes barreras que coartan las oportunidades de las personas con discapacidad para presentarse a elecciones y desempeñar eficazmente un cargo público en caso de ser elegidas, lo que socava su derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida política y pública»
.
Hagrass subraya que, a pesar de contar con el respaldo jurídico de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la representación de este grupo en la toma de decisiones políticas sigue siendo insuficiente a escala global. La experta identifica diversos impedimentos estructurales:
- Restricciones legales basadas en la capacidad jurídica.
- Prejuicios sociales, estigma y actitudes capacitistas.
- Entornos y espacios políticos que carecen de accesibilidad.
- Inexistencia de ajustes razonables y limitaciones financieras.
- Dificultades para acceder a la educación política formal e itinerarios de liderazgo.
Propuestas para una transformación democrática
Para revertir esta situación, el informe plantea una hoja de ruta que incluye la derogación de legislaciones discriminatorias y la aplicación de acciones afirmativas. La Relatora sugiere la creación de cuotas en las listas electorales y el aseguramiento de espacios en las asambleas legislativas, siempre bajo un proceso de «estrecha consulta con las personas con discapacidad y tras analizar meticulosamente los posibles efectos».
Asimismo, se hace énfasis en que las cuotas de género deben integrar de forma explícita a las mujeres con discapacidad, y que los escaños reservados deben contemplar la diversidad de discapacidades existentes. Sin embargo, el informe es claro al advertir que medidas aisladas, como la exención de tasas de candidatura, tendrán un impacto reducido si no se acompañan de una reforma sistemática y profunda.
Un llamado a la concienciación y la acción política
La ONU también insta a los gobiernos a lanzar campañas que desafíen las percepciones erróneas sobre la competencia y el liderazgo de estas personas, particularmente aquellas con discapacidad intelectual y psicosocial. Además, se solicita la aplicación de sanciones contra los discursos de odio y expresiones discriminatorias.
Desde la sociedad civil, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha manifestado su respaldo al informe, el cual recopiló 79 contribuciones de diversos Estados y organizaciones. Para el CERMI, este documento es un pilar para la democracia inclusiva, defendiendo que las personas con discapacidad no solo deben ejercer el voto, sino ser protagonistas en los niveles legislativo, ejecutivo y de representación política.
Finalmente, la organización hace un exhorto a las fuerzas políticas para que adopten medidas que eliminen cualquier barrera normativa, económica o actitudinal, garantizando así el derecho pleno a representar a la ciudadanía y ser representados sin exclusiones.
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