Una reciente acción legal por parte de Estados Unidos ha puesto bajo un riguroso escrutinio a la cúpula del poder chavista en Venezuela. La administración liderada por Donald Trump ha comunicado formalmente a las autoridades que encabeza la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, un requerimiento específico: cooperar plenamente con las investigaciones judiciales que involucran a nueve altos cargos del régimen.
De acuerdo con fuentes con conocimiento de estas conversaciones citadas por el diario ABC de España, la solicitud no se limita únicamente a la toma de testimonios, sino que exige el acceso directo a archivos oficiales y la capacidad de realizar una trazabilidad financiera exhaustiva de las transacciones que están bajo sospecha judicial.
La estrategia planteada por Washington se estructura en tres niveles progresivos. En la primera fase, se demanda a Caracas la apertura necesaria para que investigadores estadounidenses realicen entrevistas personales, revisen expedientes administrativos y tengan acceso a documentación de carácter confidencial.
En una segunda etapa, la propuesta de las autoridades norteamericanas busca que sus equipos de investigación no solo participen, sino que puedan supervisar los procesos de verificación. Según la fuente, esta colaboración se llevaría a cabo bajo la estricta condición de que el gobierno en Caracas no admita públicamente que existe tal nivel de cooperación.
El tercer nivel del plan contempla mecanismos para el traslado de los funcionarios que están siendo procesados. Es importante destacar que se evita el término “extradición”, dado que tanto la Constitución venezolana como el Artículo 6 del Código Penal prohíben taxativamente que ningún ciudadano venezolano sea extraditado. No obstante, el ordenamiento jurídico permite que el Estado venezolano los procese internamente si se comprueba que cometieron ilícitos en territorio extranjero.
Figuras clave en la mira de la justicia
Para Washington, el exministro Alex Saab y el empresario Raúl Gorrín se perfilan como las piezas fundamentales para facilitar la identificación y el procesamiento de los otros siete individuos considerados críticos en las causas judiciales. Los expedientes se centran, principalmente, en delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.
Dentro de la lista de líderes chavistas señalados por el gobierno de Estados Unidos se encuentran:
- Nicolás Maduro Guerra (hijo del exdirigente).
- Alex Saab.
- Raúl Gorrín.
- Samark López Bello (señalado como testaferro).
- Tareck El Aissami (quien fuera presidente de la estatal PDVSA).
- Walter Jacob Gavídia Flores (hijastro mayor de Maduro).
- Pedro Luis Martín-Olivares (exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
Por otro lado, figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López no han sido incluidos en este listado prioritario de personas de interés. Esto se debe a que, según las comunicaciones del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ambos podrían ser marginados de una posible transición si no acceden a las demandas de Washington. Asimismo, el reporte indica que ninguno de los dos representa una prioridad inmediata para el sistema de justicia estadounidense en este momento.
En este contexto, el general Francis L. Donovan, quien lidera el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Southcom), realizó una visita a territorio venezolano el pasado miércoles para reunirse con Delcy Rodríguez. En dicha cita, ambas delegaciones pactaron intensificar la colaboración bilateral, con un énfasis particular en la lucha contra el tráfico de drogas.
Desde el Palacio de Miraflores se difundió a través de redes sociales que el encuentro sirvió para establecer una agenda común enfocada en la gestión migratoria, el combate al terrorismo y el tráfico de sustancias ilícitas, temas que fueron catalogados como “desafíos transnacionales” de gran relevancia.
A la reunión también asistieron Cabello y Padrino. Por su parte, el vocero chavista Miguel Ángel Pérez expresó en la plataforma X que este acercamiento “ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes”.
Situación procesal de Nicolás Maduro y Cilia Flores
En cuanto a la situación de Nicolás Maduro, antiguo líder del régimen, y su cónyuge, Cilia Flores, se conoció que recibieron la visita de un funcionario consular venezolano el 30 de enero. Ambos permanecen recluidos en una prisión de Nueva York a la espera de su próxima audiencia, la cual fue movida para el 26 de marzo.
El representante diplomático de Venezuela brindó asistencia consular a los procesados, una gestión que ya figura en los registros electrónicos oficiales del proceso penal.
Es pertinente recordar que, tras la audiencia inicial del 5 de enero, el magistrado Alvin Hellerstein dictaminó que se debía asegurar el derecho a las visitas consulares para Maduro y Flores, además de requerir que el tribunal sea notificado sobre cada encuentro de este tipo.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York fue la encargada de informar formalmente sobre la postergación de la diligencia judicial que originalmente estaba pautada para el 17 de marzo. El aplazamiento fue aceptado por el juez bajo el argumento del “interés de la justicia”, permitiendo así que tanto la fiscalía como la defensa tengan más tiempo para analizar las pruebas y resolver mociones previas al juicio.
Maduro, de 63 años, tuvo su primera comparecencia ante los tribunales norteamericanos apenas dos días después de haber sido aprehendido en Caracas el pasado 3 de enero, durante una operación de las fuerzas militares de EE. UU. En ese acto procesal, tanto él como Flores, de 69 años, rechazaron los cargos y se autodefinieron como
“prisioneros de guerra”
. Maduro incluso declaró ante la corte que él sigue ostentando el cargo de
“el presidente constitucional de Venezuela”
.
La acusación formal presentada por la justicia estadounidense incluye cuatro delitos graves: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la introducción de cocaína a EE. UU., posesión de dispositivos destructivos y ametralladoras, y conspiración para la tenencia de armamento de guerra.
El pliego acusatorio sostiene que la pareja colaboró activamente con agrupaciones narcoterroristas para el envío de “miles de toneladas de cocaína” hacia el norte, utilizando conexiones en Centroamérica y el Caribe. La fiscalía asegura que estas actividades se realizaron bajo el amparo del Cártel de los Soles, en complicidad con altos mandos militares de Venezuela durante más de un cuarto de siglo.
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