Este lunes, la ciudad de Bruselas se convierte en el escenario de una reunión clave para los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea. El objetivo primordial de este encuentro es concretar el vigésimo paquete de sanciones dirigido contra Rusia. La intención de los diplomáticos es que las medidas reciban luz verde para el próximo 24 de febrero, fecha en la que se conmemorará el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa en territorio de Ucrania.
En el marco de este Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), los responsables de la diplomacia europea revisarán la propuesta presentada por la Comisión Europea para implementar esta nueva etapa de restricciones contra el Kremlin. Este debate llega tras dos semanas de conversaciones a nivel de embajadores que, hasta el momento, no han desembocado en un consenso definitivo.
Informes de fuentes cercanas a las negociaciones indican que durante la tarde del pasado viernes se llevaron a cabo dos reuniones entre embajadores para intentar destrabar el proceso. Aunque la mayoría de los países han dado su aprobación al borrador, ciertos Estados miembro aún mantienen reservas. Por esta razón, se anticipa que las discusiones continuarán con intensidad para lograr que el paquete sea ratificado antes del 24 de febrero.
Desafíos en el sector marítimo y energético
El punto de mayor fricción, de acuerdo con fuentes de la Unión Europea, reside en la propuesta de la Comisión de establecer una prohibición total de servicios marítimos vinculados al petróleo proveniente de Rusia. Con esta medida se pretende asfixiar los ingresos energéticos de Moscú. Hasta la fecha, estas operaciones estaban permitidas siempre que el costo del barril ruso no superara los 44,10 dólares.
Varios países con potentes industrias navieras han expresado su preocupación, advirtiendo que un bloqueo total de servicios podría perjudicar seriamente sus economías nacionales. Además, señalan que esto incentivaría el uso de la denominada ‘flota fantasma’ de Rusia, que consiste en embarcaciones empleadas por el Kremlin para evadir las restricciones de exportación de energía impuestas por Europa.
Bajo la nueva propuesta, las compañías de la Unión Europea tendrían prohibido suministrar cualquier tipo de asistencia —desde servicios bancarios y catering hasta labores de limpieza— a los buques que transporten crudo de origen ruso. La tesis de la Comisión es que esto disuadiría a terceros países de comercializar con el petróleo de Moscú, golpeando sus finanzas.
Originalmente, el Ejecutivo comunitario planteó que esta prohibición se ejecutara de forma coordinada con los aliados del G7 (incluyendo a Reino Unido, Japón y Estados Unidos). Sin embargo, esta posibilidad se encuentra en duda después de que Bruselas abriera la puerta a proceder de manera independiente.
Crisis en Oriente Próximo y Siria
Además de las sanciones a Rusia, que también impactarán en su sistema bancario y exportaciones, los ministros mantendrán un diálogo informal con su par ucraniano, Andrii Sybiha, para evaluar las necesidades de armamento, financiamiento y energía de Kiev. Posteriormente, la agenda se centrará en la inestabilidad en Oriente Próximo, analizando los diálogos entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de este último, así como posibles sanciones para proteger a los ciudadanos iraníes que huyen del régimen.
Respecto a Siria, los Veintisiete examinarán los recientes combates entre las milicias kurdas-árabes y el nuevo gobierno de transición liderado por Ahmed al Shara, con el foco puesto en la lucha contra el Estado Islámico.
Tensiones diplomáticas por Israel y la Junta de Paz
La situación en Palestina ocupará una parte central del debate. Kaja Kallas, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, pondrá sobre la mesa la gravedad de la situación en Cisjordania tras las recientes anexiones territoriales por parte de Israel para edificar asentamientos.
Se espera que Kallas consulte a los Estados sobre la aplicación de sanciones contra Israel. Entre las opciones vigentes se encuentran la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación Comercial, así como medidas restrictivas contra dos ministros extremistas y colonos que han protagonizado actos de violencia.
Asimismo, los ministros compartirán un almuerzo con Nickolai Mladenov, representante para Gaza de la Junta de Paz. A este encuentro se unirá Dubravka Suica, comisaria europea para el Mediterráneo, quien deberá justificar su presencia en la Junta de Paz impulsada por Donald Trump en Washington. Este viaje ha generado malestar en varios países que consideran que Suica no tenía el aval de los Veintisiete para asistir.
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha sido uno de los críticos más severos, afirmando que la comisaria
«nunca debería haber asistido»
al foro al no contar con un mandato específico del Consejo.
La postura de España frente a Venezuela
Finalmente, la agenda incluirá peticiones específicas de algunos países. España, representada por el ministro José Manuel Albares, solicitará formalmente que se retiren las sanciones de la Unión Europea contra Delcy Rodríguez. Esta petición surge tras la aprobación de una amnistía para prisioneros políticos en Venezuela.
Albares argumentará ante sus colegas que el levantamiento de las medidas contra Rodríguez es un gesto necesario para reconocer los avances en el país caribeño, sosteniendo que:
«las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio pacífico y democrático en Venezuela»
.
A pesar de la inclusión de este tema por parte de España, fuentes diplomáticas sugieren que no se espera una votación inmediata ni un debate profundo sobre el caso venezolano en esta sesión.
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