El actual presidente encargado de la República del Perú, José María Balcázar Zelada, ha sido convocado oficialmente por las autoridades judiciales para enfrentar un juicio oral. El proceso responde a una acusación por la presunta apropiación ilícita, vinculada a hechos irregulares contra el patrimonio de una organización profesional. Balcázar tomó las riendas del Ejecutivo el pasado 18 de febrero de 2026, luego de ser designado titular del Congreso y entrar en la línea de sucesión constitucional tras una etapa de severa crisis política e inestabilidad en el vecino país.
La determinación judicial proviene del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo. Según la instancia judicial, la investigación y la fase de control de acusación ya han concluido, permitiendo que la causa avance hacia el juzgamiento formal. En este sentido, el tribunal ha establecido un cronograma estricto y diversas responsabilidades procesales para todos los involucrados en el caso.
El expediente fiscal señala que el mandatario es el principal sospechoso del delito de apropiación ilícita común, una infracción contenida en el artículo 190 del Código Penal peruano. El perjuicio directo habría sido ocasionado contra el Colegio de Abogados de Lambayeque. La justicia ha ratificado su competencia para evaluar las pruebas presentadas en esta etapa definitiva del litigio que busca esclarecer los hechos denunciados.
Advertencias procesales y cronograma del juicio
La resolución judicial estipula que la sesión inaugural del juicio oral se llevará a cabo el próximo 16 de junio de 2026, a las 10:00 a.m. La diligencia podrá efectuarse de forma presencial o mediante herramientas digitales como Google Meet, si el tribunal lo considera pertinente. Un punto crítico de la orden es que la asistencia de Balcázar es obligatoria. En caso de una inasistencia injustificada, el juzgado advirtió que podría declararlo reo contumaz, lo que derivaría en la emisión de órdenes de captura y la continuación del proceso bajo su ausencia.
Se ha dispuesto la notificación formal no solo para el imputado y su defensa, sino también para el Ministerio Público, peritos y testigos. Esta medida busca blindar el debido proceso y garantizar que todas las partes ejerzan su derecho a la defensa de acuerdo con lo que dicta el Código Procesal Penal vigente en el Perú.
Organización del expediente y validez jurídica
El juzgado ha ordenado la estructuración del expediente en dos secciones clave: el cuaderno principal del juicio, que compilará las actuaciones y resoluciones procesales, y el cuaderno de pruebas, destinado exclusivamente a los elementos probatorios admitidos que serán debatidos en la audiencia oral. Esta metodología busca otorgar celeridad y orden a la revisión de los elementos de convicción antes del inicio formal del debate de fondo.
Desde la administración de justicia se subrayó que las fechas programadas son inasibles y de cumplimiento obligatorio. Asimismo, se aclaró que todas las actuaciones poseen total legitimidad y validez jurídica gracias al empleo de firmas electrónicas certificadas, garantizando la regularidad y transparencia del proceso legal.
Fuerte rechazo del Colegio de Abogados de Lambayeque
El gremio profesional ha mantenido una postura firme de rechazo contra el actual jefe de Estado. Mediante un pronunciamiento público, el colegio ya había mostrado su oposición cuando José María Balcázar buscaba la presidencia del Congreso, afirmando que dicha designación
“no puede ni debe ser”
. La institución manifestó que la situación del ahora mandatario les genera una
“profunda preocupación, indignación, malestar, dolor y tristeza”
entre sus agremiados.
Las críticas del gremio se remontan a la época en que Balcázar se desempeñó como decano de dicha orden profesional. Durante ese periodo, fue objeto de diversos cuestionamientos éticos, civiles y penales. Las acusaciones incluyen la supuesta apropiación de fondos de la entidad y el cambio de titularidad de cuentas bancarias institucionales, hechos que, según el comunicado, derivaron en su expulsión definitiva del colegio.
Finalmente, la orden profesional exhortó tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía a proceder con total imparcialidad y diligencia. Subrayaron la urgencia de evitar que las investigaciones prescriban y señalaron la importancia de que se garantice el estricto cumplimiento de la legalidad frente a las acusaciones que pesan sobre la figura del actual gobernante.
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