La administración de Donald Trump ha intensificado su estrategia diplomática y económica hacia América Latina, estableciendo una disyuntiva directa para las naciones de la región: vincularse estrechamente con Washington o con el régimen de Beijing. Este planteamiento busca establecer un muro de contención contra la expansión política y financiera de China, que es percibida por la Casa Blanca como un riesgo crítico para la seguridad y la economía del continente.
El eje central de este movimiento es la aplicación renovada de la Doctrina Monroe. Según los estrategas estadounidenses, mantener la hegemonía en el hemisferio occidental es fundamental para proteger los intereses nacionales. Alexander Gray, quien lideró el gabinete del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, sostiene que la prioridad es
“defender la patria manteniendo la preeminencia en el hemisferio”
. Este control regional se ve como un paso previo indispensable para que Estados Unidos pueda operar con fuerza en otros puntos estratégicos, como el Indo-Pacífico.
La preocupación de Washington nace de la creciente incursión de consorcios estatales chinos y proyectos vinculados directamente al Partido Comunista y las Fuerzas Armadas de China. Portavoces del Departamento de Estado han señalado que este despliegue “representa riesgos para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos”, citando tácticas comerciales consideradas desleales y una sobreproducción subsidiada. Por su parte, Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca, recalcó que la vigencia de la Doctrina Monroe busca restaurar el predominio regional para “controlar la migración, impedir el tráfico de drogas y contrarrestar adversarios”.
Esta política ha trascendido la retórica, traduciéndose en acciones contundentes. Un ejemplo destacado fue la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, un socio clave para Beijing en el mercado petrolero. 
Carrie Filipetti, exintegrante de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, indicó que dicha operación fue interpretada como una herramienta para neutralizar la “flota en la sombra” de China en la región.
Presión diplomática y comercial en el hemisferio
El alcance de la Casa Blanca ha llegado a otros puntos estratégicos del mapa. El gobierno de Trump ha promovido la inestabilidad del régimen en Cuba y emitido advertencias directas a Panamá, que fue el pionero regional en sumarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Asimismo, se han registrado fricciones con Brasil, el socio comercial más importante de China en Sudamérica. Incluso se ha planteado la necesidad de que Estados Unidos ejerza control sobre Groenlandia para frenar el avance conjunto de Rusia y Beijing en el Ártico.
En Perú, la pérdida de control regulatorio sobre el megapuerto de Chancay, valorado en 1.300 millones de dólares y construido por firmas que responden a Xi Jinping, ha sido utilizada por la administración como argumento sobre los peligros de la penetración extranjera. Desde el Departamento de Estado se enfatizó que “ningún país es inmune al impacto negativo de las prácticas comerciales injustas de China y la sobrecapacidad subsidiada por el estado”, ofreciendo apoyo para que las naciones tomen decisiones informadas.
China como máximo rival estratégico
Dentro del equipo de Trump existe un consenso total sobre la amenaza china. Elbridge Colby, subsecretario de Defensa para Políticas del Pentágono, defendió en octubre de 2024 la necesidad de “priorizar el riesgo de conflicto con China para evitarlo”. En esa misma línea, el vicepresidente JD Vance ha calificado a la nación asiática como “la mayor amenaza que enfrenta este país”, mientras que Pete Hegseth, secretario de Defensa, ha advertido sobre el crecimiento del arsenal de Beijing y su disposición al uso de la fuerza.
En el ámbito económico, Trump elevó los aranceles a productos chinos hasta un 145%, lo que generó represalias y obligó a negociar para asegurar el acceso a minerales estratégicos. Sin embargo, la balanza comercial sigue favoreciendo a la potencia asiática. Para el año 2025, el intercambio entre China y la región alcanzó los 565 mil millones de dólares, superando ampliamente los 346 mil millones de dólares registrados en el comercio con Estados Unidos. Actualmente, 22 de los 33 países latinoamericanos y caribeños forman parte de los acuerdos de infraestructura de la Franja y la Ruta.
Stephen McFarland, exembajador estadounidense en Guatemala, planteó el gran desafío de esta estrategia: la ausencia de propuestas financieras estadounidenses para obras de infraestructura. McFarland cuestionó:
“¿Cuál es la alternativa a la inversión china? Las empresas estadounidenses en su mayoría han evitado los grandes proyectos en América Latina”
. Esta falta de competencia se atribuye a que las firmas privadas suelen evitar mercados con problemas de corrupción, un entorno donde China se siente cómodo operando.
Escenario futuro y límites operativos
El próximo 7 de marzo, Miami será la sede de una cumbre donde Trump recibirá a mandatarios de la región, justo antes de su encuentro bilateral con Xi Jinping en Beijing. No obstante, los intentos de reducir la dependencia regional de China enfrentan la realidad del mercado: Washington no puede igualar la demanda china de materias primas como soja, carne y mineral de hierro.
Aunque se han incrementado los recursos para la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional y se ha protegido a la Agencia de Comercio y Desarrollo, los resultados no serán inmediatos. Brian Nichols, ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, matizó la situación señalando que concretar proyectos de gran magnitud toma tiempo y que Estados Unidos aún no posee la agilidad operativa que despliega el gigante asiático en la región.
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