Este viernes, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ratificó que el exmandatario filipino, Rodrigo Duterte, cuenta con el aval jurídico para no comparecer en las audiencias previas al proceso principal en su contra. Duterte enfrenta acusaciones por la presunta comisión de crímenes contra la humanidad vinculados a la denominada «guerra contra las drogas», una política de seguridad ejecutada durante su gobierno que, según datos de las autoridades de Filipinas, dejó un saldo de aproximadamente 6.000 víctimas mortales.
La decisión judicial establece que el procesado tiene la facultad de decidir si participa o no en estas sesiones, pese a la resistencia mostrada por la fiscalía y los asesores legales de las víctimas. Cabe recordar que Rodrigo Duterte permanece bajo custodia en La Haya, Países Bajos, desde marzo de 2025, mes en el que fue puesto a disposición del organismo internacional.
La resolución de la Sala Primera
La Sala Primera de lo Preliminar comunicó formalmente que esta determinación se tomó tras analizar un requerimiento enviado por la defensa técnica del expresidente. Según el documento oficial:
«Tras una solicitud de la defensa (…), los jueces han decidido que la audiencia se celebrará en ausencia del sospechoso»
.
Previamente, la instancia judicial había precisado que este ciclo de comparecencias para la lectura y validación de los cargos
«no constituye un juicio en sí mismo»
, sino que debe entenderse estrictamente como una «audiencia preliminar» de control de garantías.
Calendario y fines del proceso
En esta etapa del procedimiento, el cuerpo de jueces no tiene como objetivo dictaminar la inocencia o culpabilidad de Duterte. Por el contrario, la labor primordial es evaluar si las pruebas presentadas son lo suficientemente sólidas para elevar la causa a juicio. Este cronograma de sesiones preliminares se llevará a cabo durante los días 23, 24, 26 y 27 de febrero.
El expediente del TPI tiene sus raíces en una denuncia interpuesta en 2018 por diversas organizaciones no gubernamentales y parientes de los fallecidos en los operativos antidrogas. Como respuesta a estas acciones legales internacionales, el entonces presidente decidió retirar a Filipinas del estatuto del tribunal de manera unilateral en el año 2019, en medio de fuertes críticas hacia la labor de la corte.
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