El sistema judicial estadounidense ha asestado un golpe determinante a uno de los ejes centrales de la estrategia económica del expresidente Donald Trump. La Corte Suprema dictaminó la anulación de los extensos aranceles que el mandatario había aplicado sobre las importaciones de casi la totalidad de las naciones del mundo.
A través de una sentencia de 6 votos contra 3 publicada este viernes, el tribunal concluyó que la maniobra de Trump para emplear una normativa de poderes de emergencia con el fin de establecer estos impuestos carecía de validez legal. Resulta significativo que dos de los tres magistrados que fueron designados por el propio Trump se sumaran a la mayoría para invalidar el primer gran componente de su agenda de gobierno que llega a manos del tribunal.
Análisis del fundamento jurídico
Para justificar esta avalancha de impuestos a la importación, el expresidente se amparó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). No obstante, dicha normativa no hace mención alguna a la creación de aranceles. Originalmente, la IEEPA fue diseñada para permitir que el Ejecutivo confisque activos o bloquee transacciones financieras en situaciones de crisis nacional, siendo utilizada por primera vez durante la crisis de los rehenes en Irán.
Posteriormente, esta ley ha sido invocada en contextos de inestabilidad global, tales como los atentados del 11 de septiembre o el conflicto interno en Siria. En esta ocasión, Trump argumentó que el déficit comercial de Estados Unidos representaba una emergencia de tal magnitud que justificaba su uso, una tesis que los jueces descartaron por completo.
“El hecho de que ningún presidente haya encontrado jamás tal poder en la IEEPA es una prueba contundente de que no existe”, sentenció el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en la opinión de la mayoría.
Los magistrados subrayaron que la Constitución de los Estados Unidos delega de forma “muy clara” en el Congreso, y no en el poder ejecutivo, la responsabilidad y facultad de fijar impuestos y aranceles comerciales. Por su parte, los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh expresaron su desacuerdo con la mayoría.
“Los aranceles en cuestión pueden o no ser una política sensata. Pero, considerando el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales”, redactó Kavanaugh en su voto disidente.
Incertidumbre sobre la devolución de fondos
Los registros federales indican que el Departamento del Tesoro logró recaudar más de 133 mil millones de dólares mediante estos impuestos a la importación bajo la ley de emergencia hasta el pasado mes de diciembre. Sin embargo, la resolución de la Corte Suprema dejó en el aire un interrogante crítico: si las organizaciones y ciudadanos que abonaron estos montos tienen derecho a un reembolso.
Actualmente, diversas corporaciones, entre las que destaca la cadena Costco, ya han iniciado procesos legales en instancias inferiores para recuperar su dinero. A pesar de esto, existe la posibilidad de que el consumidor promedio no reciba compensación alguna incluso si se establece un mecanismo de devolución. El juez Kavanaugh advirtió sobre la complejidad que esto conlleva:
“La Corte no dice nada hoy sobre si el Gobierno debería proceder a devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores, y de ser así, cómo. Pero es probable que ese proceso sea un desastre, como se reconoció en los argumentos orales”, señaló el magistrado.
Por su parte, Trump ha sugerido que la falta de claridad judicial sobre los reembolsos desencadenará una batalla legal que podría durar años. Es poco probable que los ciudadanos que percibieron el encarecimiento de los productos debido a estos gravámenes obtengan beneficios directos; en su lugar, las eventuales devoluciones se canalizarían primordialmente hacia las empresas importadoras que efectuaron los pagos.
¿Cuáles son los aranceles que quedan sin efecto?
A inicios del año pasado, el exmandatario utilizó la IEEPA para sancionar comercialmente a los tres socios más grandes de la nación: México, Canadá y China. En ese momento, justificó la medida declarando una emergencia nacional vinculada a la migración irregular y al tráfico de estupefacientes como el fentanilo.
Más tarde, en un evento que denominó el “Día de la Liberación” en el mes de abril, aplicó impuestos “recíprocos” que alcanzaban el 50% para ciertos productos de decenas de países, además de un gravamen base del 10% para casi todo el comercio exterior restante, siempre bajo el paraguas de la IEEPA. Otros países afectados fueron Brasil, debido a los procesos judiciales contra Jair Bolsonaro, e India, por sus transacciones de crudo con Rusia.
Es vital aclarar que el fallo solo afecta a los aranceles basados en la IEEPA. Otras barreras comerciales impuestas por Trump mediante fundamentos legales distintos se mantienen vigentes. Sectores específicos que aún enfrentan gravámenes elevados incluyen:
- Acero y aluminio.
- Automóviles y cobre.
- Madera y muebles tapizados.
- Gabinetes de cocina y tocadores de baño.
Reacciones y planes futuros
Tras conocerse la sentencia, Trump reaccionó con dureza, calificando a los jueces de la mayoría como “desleales” y “antipatriotas”, además de considerar el fallo una “vergüenza para nuestra nación”. El exmandatario aseguró que las naciones extranjeras que supuestamente se han aprovechado de Estados Unidos están celebrando en las calles, pero advirtió que esto será temporal.
Con el objetivo de mantener su política económica, Trump anunció que buscará otros “métodos, prácticas y estatutos” que, según él, son más poderosos que la IEEPA. Entre sus propuestas inmediatas figura la firma de una orden ejecutiva para instaurar un nuevo arancel global del 10%, amparándose en una ley federal que permite estas medidas por un periodo de 150 días, a la espera de que el Congreso lo convierta en una ley permanente.
En contraste, el sector empresarial ha recibido la noticia con alivio. Dan Anthony, representante del grupo We Pay the Tariffs —que agrupa a pequeñas empresas afectadas—, describió el fallo como un triunfo histórico:
“Han solicitado préstamos solo para mantener sus operaciones. Han congelado contrataciones, cancelado planes de expansión y visto cómo se esfumaban sus ahorros para pagar aranceles que no estaban contemplados en ningún presupuesto ni plan de negocios. Hoy, la Corte Suprema ha confirmado lo que hemos venido diciendo desde el principio: estos aranceles fueron ilegales desde el principio”, afirmó Anthony.
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