La zona ubicada al occidente del río Esequibo, que comprende una extensión aproximada de 159.000 kilómetros cuadrados, continúa siendo el foco de una intensa disputa diplomática. Este conflicto se ve agravado por la riqueza en petróleo, recursos minerales y la vasta biodiversidad que posee el área. La controversia fronteriza, que abarca dos tercios del territorio total de Guyana, ha motivado a que Caracas insista en la urgencia de retomar los canales de diálogo directo con su contraparte, fundamentándose en el cumplimiento de los tratados históricos existentes.
El Gobierno de Venezuela ha manifestado nuevamente su voluntad de establecer negociaciones de “buena fe” respecto al Esequibo. No obstante, las autoridades venezolanas han sido enfáticas al señalar que no cederán en la defensa de sus títulos históricos y derechos sobre este territorio, el cual es administrado actualmente por Georgetown.
El Acuerdo de Ginebra como eje central
En el marco de la conmemoración de los 60 años del Acuerdo de Ginebra de 1966, la administración venezolana, a través de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, publicó un documento oficial donde reafirma que la negociación genuina es el único camino posible para solventar la pugna territorial. Según la postura oficial, este instrumento es el único mecanismo jurídico válido para alcanzar un “arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes”, tal como se estipuló originalmente en dicho pacto.
La posición de Venezuela se encuentra respaldada por el mandato popular obtenido en el referéndum consultivo del 3 de diciembre de 2023. En este sentido, la nación vecina sostiene la integridad de la denominada Guayana Esequiba como parte irrenunciable de su geografía nacional.
“Jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos sobre la Guayana Esequiba, la cual ha sido, es y será parte de la integridad territorial de Venezuela”
Acusaciones de incumplimiento y recursos legales
Desde Caracas se asegura que, durante las seis décadas transcurridas desde la firma del tratado, han mantenido un compromiso “absoluto” con lo pactado. Por el contrario, el Gobierno venezolano acusa a Guyana de actuar de “mala fe” y de violar el Acuerdo de Ginebra al intentar validar sus pretensiones territoriales mediante una demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Venezuela desconoce la competencia de este tribunal para resolver la controversia.
Actualmente, Guyana fundamenta su administración del Esequibo en el Laudo Arbitral de 1899. La postura de Georgetown se basa en que el Reino Unido obtuvo el territorio en 1814 tras una negociación con los Países Bajos, por lo que consideran que las fronteras actuales deben ser respetadas. En contraposición, Venezuela califica aquel laudo de nulo, alegando que fue producto de un arreglo político entre los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens.
Acciones recientes y mediación internacional
En el plano político reciente, la gestión de Nicolás Maduro procedió a la designación de un gobernador para la región en disputa, una acción que se concretó tras los comicios legislativos de mayo de 2025. Este movimiento busca consolidar la autoridad de Venezuela sobre la zona, a pesar de que la ocupación efectiva sigue en manos guyanesas.
Por otro lado, cabe recordar que en 2018, Guyana solicitó la intervención de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Ante esto, el organismo de las Naciones Unidas pidió a Venezuela evitar cualquier acción que pudiese alterar el estatus quo del territorio, coincidiendo cronológicamente con la consulta popular realizada por Caracas en diciembre de 2023.
El diferendo sigue sin una solución cercana, con ambas naciones defendiendo posturas irreconciliables. Mientras Caracas exige que el límite se fije en el curso del río Esequibo, Guyana se aferra a la validez legal del arbitraje decimonónico. El escenario actual oscila entre la presión por una negociación bilateral y el proceso judicial en organismos multilaterales.
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