Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela tiene previsto retomar las deliberaciones en torno al proyecto de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esta sesión se reanuda tras haber sido aplazada debido a las marcadas diferencias entre el oficialismo, activistas y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), quienes cuestionan un texto que obligaría a los beneficiarios de la medida a reconocer hechos delictivos que ellos aseguran no haber cometido.
El cuerpo legislativo, que se encuentra bajo la dirección de Jorge Rodríguez —hermano de la mandataria— iniciará a las 16:00 horas (hora local) la discusión en segunda lectura del denominado «Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática». Según las autoridades en Caracas, esta propuesta legal contempla la posibilidad de excarcelar a ciudadanos que hayan incurrido en delitos desde el año 1999.
Mientras el debate transcurre en el parlamento, los allegados de ciudadanos considerados presos políticos mantienen su vigilia frente a diversos centros de reclusión y dependencias oficiales. Entre estos puntos destaca una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la capital, donde un grupo de familiares cumple este jueves varios días en huelga de hambre, medida de protesta que dio inicio el pasado sábado.
Marcos Velazco, dirigente de la organización Vente Venezuela, denunció este miércoles el deterioro en la integridad física de una de las manifestantes. El político señaló que «Mariana Escalona, esposa de mi padre Julio Velazco, ha sufrido una afectación de salud en medio de la huelga de hambre que ha sostenido, junto a otros familiares, por más de 100 horas» en el centro de detención conocido como Zona 7. Velazco, quien confirmó que la afectada fue trasladada a un ambulatorio, sentenció a través de canales digitales:
«Esta pesadilla debe terminar. Y solo será posible cuando todos los presos políticos sean liberados»
Exigencias a la Fiscalía y crisis humanitaria
Por otro lado, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) solicitó formalmente este miércoles a la Fiscalía que se asigne de manera «inmediata» a un representante especializado en Derechos Humanos. El objetivo es que dicho funcionario pueda «escuchar directamente a las víctimas, constatar el deterioro físico y psicológico que enfrentan, y proceder a solicitar la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos en Boleíta, Zona 7».
En un comunicado emitido a través de la plataforma X, la ONG criticó la actuación de un funcionario identificado como Fiscal 13 con competencia nacional, señalando que «no ofreció respuestas» a las familias sobre la situación de los recluidos en dicho penal. La organización subrayó que la Fiscalía General tiene tanto la capacidad como la obligación constitucional de intervenir para salvaguardar la vida de los detenidos y sus familias, dado que el estado de salud de los internos se agrava mientras esperan definiciones sobre su libertad.
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