La Asamblea Nacional de Venezuela tiene previsto retomar este jueves el proceso de discusión sobre la normativa de amnistía que ha sido promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El debate se reactiva luego de que se presentaran marcadas diferencias entre la administración oficialista y diversos grupos de activistas y ONG, debido a un texto legal que pretende obligar a los detenidos a admitir hechos delictivos que ellos sostienen no haber cometido.
El órgano legislativo, bajo la presidencia de Jorge Rodríguez —hermano de la mandataria—, dará inicio a la sesión de segunda lectura a las 16:00 horas (hora local). El documento en cuestión ha sido denominado formalmente como “Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, una propuesta que, según el Gobierno de Caracas, permitiría la excarcelación de personas que hayan incurrido en delitos desde el año 1999.
Huelga de hambre y presión social
Mientras se espera el inicio de la jornada parlamentaria, los parientes de quienes son considerados presos políticos permanecen concentrados en las afueras de diversos centros de detención y dependencias oficiales. Entre los puntos de mayor tensión se encuentra la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la capital, donde un grupo de manifestantes cumple una huelga de hambre desde el pasado sábado.
Respecto a esta situación, el dirigente de la organización Vente Venezuela, Marcos Velazco, informó este miércoles sobre complicaciones en el estado físico de una de las participantes. Según detalló,
“Mariana Escalona, esposa de mi padre Julio Velazco, ha sufrido una afectación de salud en medio de la huelga de hambre que ha sostenido, junto a otros familiares, por más de 100 horas”
en el recinto conocido como Zona 7. Tras el incidente, Escalona fue trasladada para recibir atención en un centro ambulatorio. Velazco enfatizó que
“esta pesadilla debe terminar. Y solo será posible cuando todos los presos políticos sean liberados”
.
En este contexto, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) solicitó formalmente a la Fiscalía el nombramiento urgente de un representante especializado en Derechos Humanos. La intención de la ONG es que este funcionario pueda
“escuchar directamente a las víctimas, constatar el deterioro físico y psicológico que enfrentan, y proceder a solicitar la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos en Boleíta, Zona 7”
.
A través de un comunicado publicado en la red social X, el organismo denunció que un funcionario identificado como Fiscal 13 con competencia nacional no ha brindado respuestas satisfactorias a las familias sobre la condición de los internos. CLIPPVE subrayó que la Fiscalía General tiene la responsabilidad constitucional de actuar para salvaguardar la vida y la integridad de los detenidos, cuyo estado de salud se ha visto mermado mientras esperan una resolución sobre su libertad.
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