La multinacional energética Repsol ha ajustado su exposición patrimonial en Venezuela, situándola en 276 millones de euros al término del ejercicio 2025. Esta cifra representa un descenso significativo en comparación con los 330 millones de euros registrados a mediados del año pasado y los 504 millones de euros contabilizados al cierre de 2024, de acuerdo con los datos presentados en el informe financiero anual de la organización.
Este ajuste financiero se produce en un contexto donde el gobierno de Estados Unidos otorgó recientemente luz verde a la compañía para retomar sus operaciones comerciales. Dicha autorización incluye la ejecución de nuevas inversiones destinadas a la exploración y extracción de hidrocarburos mediante la emisión de licencias específicas para el mercado de gas y petróleo venezolano. Esta medida es considerada la de mayor alcance desde la captura de Nicolás Maduro y el proceso de intervención iniciado en la nación sudamericana a principios de este año.
Desglose de la deuda y activos financieros
El importe actual de 276 millones de euros se compone principalmente de las cuentas por cobrar vinculadas a PDVSA a través de Repsol Exploración, así como el financiamiento entregado a Petroquiriquire y las participaciones en Cardón IV. En términos de deuda bruta, la compañía detalla las siguientes cifras:
- Cuentas comerciales con la estatal PDVSA por un total de 3.603 millones de euros, las cuales cuentan con provisiones por 3.019 millones de euros (incluyendo intereses de mora).
- Financiación otorgada que asciende a 947 millones de euros, con provisiones aplicadas de 568 millones de euros.
La firma española ha subrayado que mantiene un monitoreo constante sobre la posibilidad de recuperación de sus inversiones y el riesgo crediticio asociado a la petrolera estatal venezolana.
Modelos de evaluación y gestión de riesgos
Para la valoración de sus activos en el país caribeño, Repsol utiliza diversas hipótesis que abarcan planes de desarrollo, cumplimiento de pactos y la situación del entorno. La empresa reconoce que estos análisis «implican juicios y estimaciones relevantes y sometidas a elevada incertidumbre».
En cuanto al cálculo de pérdidas esperadas en instrumentos financieros, la petrolera aplica una metodología que contempla tres niveles de severidad:
- Moderado
- Significativo
- Severo
Estos escenarios son ponderados según su probabilidad de ocurrencia, basándose tanto en el historial de incumplimientos soberanos como en las previsiones de la cúpula directiva. Debido a la complejidad del entorno, la evaluación del riesgo crediticio en Venezuela ha contado con la validación de un experto independiente para certificar los criterios de la dirección.
Durante 2025, la actualización del perfil de riesgo y la valoración de inversiones por el método de la participación generaron un impacto en los resultados. Se reconoció un deterioro de 116 millones de euros en cuentas comerciales y financiación, además de una pérdida de 452 millones de euros en inversiones (dividida en 415 millones por cuentas comerciales y 37 millones por deterioro de inmovilizado).
Crecimiento en la capacidad productiva
A pesar de los retos financieros, la producción neta media de la empresa en territorio venezolano experimentó un incremento, alcanzando los 71.300 barriles equivalentes de petróleo por día en 2025, superando los 67.000 barriles diarios reportados en el periodo 2024.
Presente en el país desde 1993, la compañía opera actualmente en licencias de gas como Quiriquire Gas y Cardón IV, y en sociedades mixtas de crudo como Petrocarabobo y Petroquiriquire. Este despliegue se ve respaldado por las recientes licencias de la OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense:
«La licencia 49 autoriza la negociación y firma de contratos contingentes para nuevas inversiones, mientras que la licencia 50 permite operaciones directas en el sector de petróleo y gas, incluso con PDVSA, bajo condiciones estrictas que prohíben vínculos con buques bloqueados o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China.»
Finalmente, el grupo liderado por Josu Jon Imaz ha manifestado que sigue minuciosamente la situación política local y mantiene diálogo con las autoridades de EE. UU. y Venezuela. La petrolera advierte que la aplicación efectiva de los nuevos contratos requerirá su adecuación a la legislación estadounidense y a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, disponiendo de un margen de 180 días para la regularización de los modelos contractuales.
Fuente: Fuente