En una reciente resolución judicial en Bolivia, se ha dictado una medida de prisión preventiva por 90 días en contra de Gabriela Delgadillo, quien desempeñó funciones como gerente en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La exfuncionaria es investigada por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.
La determinación legal se hizo efectiva este miércoles tras una audiencia cautelar. Durante el proceso, el Ministerio Público presentó argumentos que señalan que Delgadillo habría excedido sus competencias al suscribir documentación oficial utilizando el título de vicepresidenta de la petrolera, cargo que supuestamente no le correspondía ejercer de forma oficial.
Al respecto, el fiscal encargado del caso, Daniel Ortuño, manifestó que existen indicios suficientes para sustentar la acusación en este momento procesal.
“Los elementos recolectados hacen sostener, en esta etapa, la presunta comisión del delito de usurpación de funciones”
puntualizó el investigador, añadiendo además que las pesquisas se extienden a otro trabajador de la institución pública bajo sospecha.
Postura de la defensa y descargos de la acusada
Tras concluir la audiencia, Gabriela Delgadillo calificó el fallo como una decisión “política” e “injusta”, argumentando que las autoridades judiciales no consideraron las evidencias presentadas a su favor. La exgerente defendió su gestión en la empresa estatal con contundencia:
“Mi actuar en YPFB siempre fue dentro de la normativa y con todas las designaciones lícitas”
La imputación fiscal se centra en el uso de un sello oficial para el cual, según la tesis acusatoria, la exgerente no contaba con la designación formal necesaria. Por su parte, el abogado defensor Ariel Góngora aclaró que no se han identificado contratos firmados por su cliente, sino únicamente documentos sellados en su calidad de suplente, posición para la cual asegura que existía un nombramiento legal previo.
Asimismo, el jurista Góngora puso en duda la transparencia del procedimiento de captura. Denunció que su defendida fue detenida sin haber recibido previamente una citación formal para declarar, exigiendo el cumplimiento irrestricto de las garantías constitucionales y los procesos legales establecidos en el país para estos casos de corrupción.
La defensa técnica también informó que se ha solicitado el acceso a toda la documentación del caso y se ha interpuesto un recurso de apelación. Esta instancia deberá ser evaluada y resuelta por los vocales de sala correspondientes en los próximos días. Es importante notar que esta detención surge en el contexto del denominado caso ‘Botrading’, el cual investiga una supuesta adquisición de carburantes a precios con sobrecosto que habría favorecido a antiguos empleados de YPFB.
Contexto de las investigaciones y fuga de exdirectivo
Este escenario judicial coincide con las revelaciones del Gobierno boliviano sobre la situación de Armin Dorgathen, anterior presidente de la petrolera estatal. En diciembre, se confirmó que Dorgathen salió del territorio boliviano con rumbo a Brasil, en medio de las indagaciones por irregularidades financieras y presuntos sobreprecios en la compra de combustible.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció públicamente que el exejecutivo se habría dado a la fuga. Según la autoridad, Dorgathen fue detectado en una zona fronteriza con el vecino país brasileño. El ministro criticó que una resolución del poder judicial impidió su detención oportuna, facilitando así su salida de Bolivia a pesar de las pruebas en su contra.
Respecto a la actuación de los jueces en este caso, Oviedo fue enfático al declarar:
“Esto es lamentable. En el caso de Dorgathen, por ejemplo, la Policía cumple sus funciones, se lo presenta a la Fiscalía, esta emite un apremio, alertas migratoria y resulta que un juez de Santa Cruz lo libera y éste se fuga”
Para la administración gubernamental, resulta contradictorio que mientras los organismos de control y el Ministerio Público avanzan en la lucha contra la corrupción dentro de YPFB, ciertos sectores del sistema de justicia tomen decisiones que permiten la evasión de los sospechosos. Oviedo lamentó que estas acciones judiciales vayan en dirección contraria al trabajo de investigación estatal.
Cabe recordar que sobre Armin Dorgathen pesaba una alerta migratoria desde el pasado 12 de noviembre vinculada al caso Botrading. Además, el exdirectivo mantiene abierto un proceso judicial en la localidad de Yacuiba por cargos de contrabando y exportación agravada de gas, situaciones que, según el ministro Oviedo, justificaban plenamente las restricciones de viaje impuestas originalmente.
La investigación principal gira en torno a Botrading, una firma subsidiaria creada con el propósito de gestionar de forma directa la compra y venta internacional de diésel y gasolina, buscando supuestamente minimizar la dependencia de intermediarios privados en el mercado de hidrocarburos, aunque ahora es el centro de un escándalo por malversación.
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