La reciente asunción de José María Balcázar a la Presidencia de la República ha despertado nuevamente las esperanzas entre los sectores más cercanos al castillismo. Durante las primeras jornadas de su gestión, el debate sobre un posible indulto para el exmandatario Pedro Castillo ha tomado fuerza en la opinión pública, impulsado principalmente por los vínculos históricos que Balcázar ha mantenido con las posturas ideológicas de Perú Libre.
La atención mediática se intensificó tras las declaraciones de Walter Ayala, quien se desempeña como abogado del expresidente y anteriormente ocupó la cartera de Defensa. Ayala comunicó su intención de presentar formalmente un pedido de gracia presidencial, fundamentando su solicitud en supuestas “razones humanitarias” y lo que él califica como una “persecución política” en contra de su defendido.
No obstante, el actual presidente interino ha buscado marcar una distancia clara respecto a sus declaraciones previas como legislador. Ante la insistencia de la prensa, Balcázar señaló a la cadena RPP:
“En principio, nadie me lo ha pedido. No está en la agenda porque uno siempre tiene que trabajar sobre hechos concretos, materiales y objetivos”
Más allá de las intenciones de la defensa, cualquier intento de otorgar este beneficio se enfrenta a las estrictas disposiciones del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, el cual impone barreras legales que el Poder Ejecutivo no puede evadir sin vulnerar la Constitución.
El impedimento de la sentencia definitiva
La traba legal más significativa se encuentra en la normativa técnica que regula estas facultades. El Artículo 3 del reglamento vigente especifica que el indulto es una atribución exclusiva para conmutar o perdonar la pena únicamente a aquellas personas que cuenten con una sentencia consentida o ejecutoriada. En términos jurídicos, esto implica que el proceso en los tribunales debe haber finalizado en todas sus etapas de forma definitiva.
Actualmente, Pedro Castillo no cumple con este requisito indispensable. Aunque sobre él pesa una condena en primera instancia de 11 años y 5 meses de cárcel por el golpe de Estado de 2022, dicha resolución se encuentra bajo un proceso de apelación. Dado que el expediente está siendo revisado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, es el Poder Judicial quien aún posee la jurisdicción total sobre el caso, dejando al Ejecutivo sin base legal para aplicar un perdón presidencial.
Incompatibilidad de cronogramas políticos
La defensa liderada por Walter Ayala parece apostar por compromisos políticos previos de Balcázar, pero los tiempos procesales sugieren un panorama distinto. Se estima que la resolución de segunda instancia, necesaria para que la condena sea considerada firme, no se emitiría sino hasta el segundo semestre del año 2026.
Bajo esta proyección, para cuando la justicia determine la situación final de Castillo, el mandato transitorio de José María Balcázar ya habrá finalizado. Con las próximas elecciones generales programadas para el 12 de abril, el presidente interino entregará el cargo mucho antes de que el expediente del exdocente de Chota esté legalmente apto para ser objeto de un indulto.
Sobre esta autonomía de poderes, Balcázar fue enfático en sus declaraciones más recientes:
“Sería impertinente e impropio. Yo soy un hombre que respeta los poderes del Estado y la indepedencia de poderes… (como para que) esté pretendiendo inmiscuirme en los asuntos jurisdiccionales del Poder Judicial”
El factor del indulto humanitario
Ante la falta de una sentencia firme, la defensa ha intentado promover la vía del “principio de humanidad”. Sin embargo, el inciso b.2 de la normativa correspondiente es claro al señalar que, para acceder a un indulto humanitario, se debe demostrar fehacientemente que el recluso sufre una enfermedad de carácter terminal o una dolencia degenerativa grave.
Hasta el momento, estas condiciones de salud no han sido registradas en el historial clínico de Pedro Castillo dentro del centro penitenciario de Barbadillo. Por consiguiente, la estrategia de Walter Ayala parece tener más un objetivo de presión política que una viabilidad real en el campo del derecho. Un intento de forzar la gracia presidencial bajo estas circunstancias podría ser invalidado por el Tribunal Constitucional y acarrear graves repercusiones legales para la administración de Balcázar.
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