La crisis humanitaria en torno a los detenidos por motivos políticos en Venezuela se agudiza. Un grupo de familiares ha superado las 72 horas en huelga de hambre para presionar por la libertad de sus allegados, denunciando que no se han cumplido los compromisos de excarcelación emitidos por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, los pasados 8 de enero y 6 de febrero.
Pese a los anuncios gubernamentales, las liberaciones esperadas no se han concretado en su totalidad. La medida de protesta se mantiene activa en las inmediaciones y dentro de las celdas de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, recinto carcelario conocido como Zona 7.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP) informó que la huelga inició la mañana del pasado sábado. La organización denunció que la falta de respuestas claras y la persistente indiferencia por parte del Estado han agravado la situación de las familias. El CLIPPVE manifestó a través de sus canales oficiales:
“La mañana de este martes 17 de febrero, familiares mantienen una huelga de hambre en protesta por la libertad de sus seres queridos, anunciada por Jorge Rodríguez… promesas que no han sido cumplidas”
Deterioro de salud y descompensaciones
La integridad física de los manifestantes es motivo de alarma. El Comité por la Libertad de Presos Políticos reportó este martes que Evelin Quiaro, madre del joven Joel Bravo, se convirtió en la tercera huelguista en sufrir una descompensación en Zona 7.
Durante la tarde del martes 17 de febrero, Quiaro tuvo que abandonar la huelga por el grave estado de salud que presentaba tras 40 días de protestas y 80 horas de ayuno voluntario. La ciudadana fue atendida de urgencia tras presentar sintomatología crítica, que incluyó:
- Debilidad generalizada y mareos intensos.
- Fuertes dolores abdominales.
- Cefalea aguda.
Por otro lado, Sandra Rosales, esposa del agente policial Dionnys Quintero, aseguró que no abandonará la protesta hasta obtener una solución definitiva, a pesar del evidente “desgaste psicológico y físico” que enfrentan. En sintonía con este reclamo, Mileidy Mendoza, esposa del detenido Eric Díaz, criticó que las autoridades solo se limitan a dar “vueltas al asunto” y añadió:
“Es agotador. Nos mantenemos aquí porque tenemos la esperanza de ver a nuestros familiares salir”
Responsabilidades del Estado
El comité organizador ha señalado directamente al régimen de Venezuela por el daño físico y psicológico que padecen las madres y familiares de los detenidos. Según la organización, el incumplimiento reiterado de las promesas de liberación constituye una grave violación a los derechos humanos por parte de los titulares de las instituciones públicas.
En su comunicado, exigieron una resolución inmediata a las peticiones, el fin de la revictimización de los afectados y la libertad incondicional de todos los considerados presos políticos.
Datos de la organización Foro Penal
En este contexto, la ONG Foro Penal ofreció un balance el pasado domingo indicando que se han verificado 444 excarcelaciones en el país entre el 8 de enero y la noche del 15 de febrero. Alfredo Romero, presidente de la organización, utilizó la red social X para detallar el alcance de estas medidas procesales durante el último mes.
No obstante, Foro Penal aclaró que su registro no contabiliza como excarcelación los casos donde los detenidos son enviados a arresto domiciliario tras salir del recinto penitenciario, manteniendo esta distinción técnica para sus estadísticas públicas.
Casos de activistas y políticos
En días recientes se conoció la salida de prisión de figuras como Perkins Rocha, asesor legal de la principal coalición opositora, y el exlegislador Juan Pablo Guanipa, ambos cercanos a María Corina Machado.
A pesar de su salida del centro de reclusión, Perkins Rocha permanece bajo la medida de arresto domiciliario. Por su parte, Juan Pablo Guanipa fue detenido nuevamente el mismo día de su excarcelación bajo acusaciones de la Fiscalía por supuesto incumplimiento de cautelares. Actualmente, su familia confirmó que el político se encuentra bajo arresto domiciliario en su residencia ubicada en Maracaibo, estado Zulia.
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